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Caso NAP: Coalición, el ITER y 12 millones en “irregularidades”

El Cabildo traslada a la Fiscalía provincial un expediente con presuntas malas prácticas en la empresa pública cometidas entre 2007 y 2011, durante el mandato de los nacionalistas
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ayer, ofreciendo declaraciones a los medios de comunicación en el hall del Palacio Insular | SERGIO MÉNDEZ

El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga (Ciudadanos), reconocía ayer, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que la institución insular había dado traslado a la Fiscalía provincial el pasado jueves de un expediente con las presuntas “irregularidades” detectadas en la empresa pública ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables). Se trata de supuestas malas prácticas cometidas entre 2007 y 2011, durante el mandato de Coalición Canaria, en relación a Napwaci S.A., una sociedad vinculada al denominado caso Geneto que habría ocasionado unas pérdidas a la Administración que “podrían ser superiores a 12 millones de euros”, declaró.

Preguntado por la razón de que se hagan públicos algunos detalles del informe una semana después de llevarlo ante la Justicia, Arriaga aclaró que en primera instancia debía rendir cuentas al Consejo de Administración del ITER y que, una vez hecho esto -en un encuentro celebrado ayer por la mañana por videoconferencia-, ya estaba avalado “jurídicamente” para hablar al respecto, si bien este miércoles había dado un adelanto, acusando a los nacionalistas de querer emprender una “cacería política” contra él por “miedo” a que se levanten las alfombras y se fiscalice la gestión de los más de 30 años de gobiernos de CC en la Isla.

Sobre los métodos que se estarían poniendo ahora en cuestión, el también líder de la formación naranja en Canarias subrayó que Napwaci fue constituida en el año 2007 y su objetivo era instalar un punto de acceso a la red (NAP) en Tenerife. Esa sociedad, desde sus inicios “no tenía mucha viabilidad económica”, según Arriaga, aunque “intentó ir funcionando” para la consecución de sus fines. Y para ello, el Cabildo, a través del Instituto Tecnológico, le fue inyectando dinero “constantemente”, gracias al cual esta compañía adquirió unos terrenos en la zona de Geneto, en La Laguna, donde estaba previsto que se emplazara la infraestructura.

La operación que a ojos del vicepresidente resulta “curiosa” es la que se produjo con posterioridad, cuando el ITER compró a Napwaci “el proyecto de construcción” del NAP por “cuatro millones de euros”, cuando al parecer, en ese momento el centro “ya estaba construido y en funcionamiento” por iniciativa del propio ITER desde hacía “tres meses”. Es decir, que supuestamente el Cabildo abonó esa cantidad a la sociedad por unos trabajos que la institución ya había acometido por un precio sensiblemente inferior al que se acabó pagando: 250.000 euros.

Enrique Arriaga admitió que es “un caso bastante complejo” de explicar, teniendo en cuenta todas las aristas que posee. Aun así, continuó detallando otro de los movimientos incluidos en el informe que destacarían, y es que en 2011 Napwaci “entra en causa de disolución”, hecho que motiva al Cabildo a querer comprarla por completo. Primeramente, el ITER contaba con el 47% de las participaciones, por lo que debía hacerse con el otro 53%, que estaba en manos de “particulares”.

Sin embargo, a pesar de la delicada situación que atravesaba esa sociedad, el titular del área de Innovación expuso que se procedió a la compra por “tres millones de euros”, algo que, entiende, “no tenía mucho sentido”, ya que no solo se adquirieron “todas las deudas que venían contraídas por parte de la sociedad”, sino que la operación se llevó a cabo por un “valor superior al que correspondía”.

En este sentido, concretó que a casi todos los accionistas privados se les pagó por las participaciones, “excepto a cuatro”, que habrían optado por un intercambio o “permuta”. De acuerdo con Arriaga, esos cuatro inversores canjearon acciones de Napwaci, “una sociedad en causa de disolución”, por “acciones de la empresa Solten II”, dedicada a la generación de energía fotovoltaica en el ITER y “que da muchos beneficios”.

Y, en respuesta al hallazgo de esa “trama empresarial”, el vicepresidente tinerfeño afirmó que “se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía” el contenido de los informes, con el objetivo de que “en caso de que se considere, abra diligencias y depure responsabilidades”. Además, también avanzó que antes del próximo pleno ordinario de la institución -el día 24-, tanto él como el presidente insular, el socialista Pedro Martín, ofrecerán una rueda de prensa conjunta “muy exhaustiva, explicando punto por punto todas las irregularidades” contenidas en el que podría pasar a denominarse caso NAP. Un “análisis muy detallado” que, dijo, se replicará ante el Pleno.

CASO GENETO

Cabe recordar que el caso Geneto hace alusión a la compra de unos terrenos en dicha zona de la Ciudad de los Adelantados por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), empresa pública dependiente del Cabildo, supuestamente por encima de su valor real. Una investigación en curso que Enrique Arriaga describía el pasado mes de noviembre, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, como “presuntas irregularidades” en torno a la adquisición del solar en 2015, periodo bajo el mandato de CC. Operación que, a juicio del representante de Ciudadanos, “para nada” era necesaria desde el punto de vista de los intereses del PCTT.

Entonces, a finales del año pasado, achacó al que fuera en 2015 presidente de la institución insular, Ricardo Melchior, y a Carlos Alonso, en aquel tiempo vicepresidente del Parque, que, “a sabiendas, hicieron una operación financiera que llevaba a la sociedad prácticamente a la ruina”. Aseguró, incluso, haberse topado con un “agujero económico” como consecuencia de acciones similares emprendidas en los gobiernos nacionalistas.

“CACERÍA POLÍTICA”

El miércoles, Enrique Arriaga convocaba a los medios de comunicación en la sede de Ciudadanos Canarias de la capital tinerfeña. Allí, acompañado por dos miembros de la Ejecutiva regional de su partido, aseveraba estar “en el punto de mira” por denunciar las presuntas malas prácticas del pasado. Y siguiendo esta línea argumental, defendía que los coalicioneros querían emprender una “cacería política” contra él para “destruirme”, la cual habría dado comienzo ayer, con el debate de la moción que presentaron CC y PP en el Ayuntamiento lagunero para reprobarle por unas declaraciones de connotación machista por las que, recordó, “me he disculpado” públicamente y en privado a la persona que fue objeto de las mismas, una consejera insular.

CC ESQUIVA LA PREGUNTA

El líder de CC y senador por la comunidad autónoma Fernando Clavijo también se pronunciaba ayer sobre las acusaciones vertidas por Arriaga en el marco del caso NAP, limitándose a decir “que saque lo que saque y que vaya a donde tenga que ir” y a afearle que se organizara una rueda de prensa para hacerlo público. Le acusó de querer, sacando supuestas irregularidades, desviar la atención de unas palabras “machistas, desafortunadas y reprobables en toda regla”. “Quizás ahora lo que pretende es tapar esa actitud absolutamente indigna, cuando lo que tendría que haber hecho es haber dimitido”, remachó Clavijo.

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