Las obras del centro comercial de El Camisón, en Playa de Las Américas (Arona), seguirán precintadas después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife haya desestimado, en un auto dictado el pasado 9 de marzo, las medidas cautelares solicitadas por la promotora, Melisofi Consulting SL, contra el sellado de la instalación y la apertura de un expediente sancionador por la realización de obras de urbanización no autorizadas, según informó Mírame Televisión.
Una vez rechazadas las medidas cautelares y a la espera de que el Juzgado resuelva el fondo del litigio, las obras seguirán paradas y el Ayuntamiento de Arona podrá tramitar el expediente sancionador abierto contra la empresa por lo que considera una infracción urbanística muy grave, lo que conlleva multas que oscilan entre los 150.000 a los 600.000 euros.
investigación en fiscalía
Paralelamente, la Fiscalía mantiene abiertas de oficio unas diligencias penales de investigación para esclarecer si existen indicios de un delito contra el territorio en las obras ejecutadas.
El Ayuntamiento de Arona ordenó a finales de noviembre la paralización y el precinto de los trabajos de urbanización que la promotora realizaba en la parcela ubicada en primera línea de mar. Días más tarde, el Consistorio inició un expediente sancionador contra la empresa, a raíz de los incumplimientos detectados. Ambas decisiones municipales fueron recurridas por Melisofi Consulting SL ante la jurisdicción contenciosa.
Por otra parte, el Gobierno de Canarias anunció el pasado mes de julio en el Parlamento regional, a través del viceconsejero de Política Territorial, Leopoldo Díaz, que impulsaría un expediente administrativo con la finalidad de investigar las presuntas ilegalidades en la construcción del centro comercial.
origen de la crisis
Hay que recordar que desde la Alcaldía de Arona se vinculó la destitución, firmada el 22 de junio del año pasado, del concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis García, con una supuesta permisividad del edil con la empresa propietaria del centro comercial, paralizado y precintado tras la presentación de varias denuncias por una posible invasión de la zona de protección marítima.
El polémico edificio había sido autorizado en el año 2012 por el Gobierno municipal, entonces en manos de Coalición Canaria.
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