En La vivienda número 7 de la calle Abdón Rocha, en Guaza (Arona), la quietud domina el paisaje. Algún ladrido lejano, un coche que pasa de vez en cuando por la carretera que zigzaguea entre tuneras y plataneras y poco más se oye en este entorno rural del municipio de Arona próximo a la autopista del Sur. Nada que ver con el trasiego policial y de medios de comunicación después del dantesco escenario que se encontraron los agentes locales y de la Guardia Civil en la casa amarilla de dos plantas rodeada de plataneras cuando comenzaba a clarear el viernes 23 de marzo de 2018.
Allí descubrieron los cadáveres de Carmen Nola, de 59 años; su esposo, Antonio (68), y su padre, Luciano (87). Los cuerpos yacían en sus dormitorios y presentaban múltiples puñaladas. La persona que alertó a la Policía Local fue Ricardo Ortega Martín, de 23 años, hijo adoptado por la familia a los 7 años en Venezuela, que contó a las fuerzas de seguridad que oyó ruidos al llegar de madrugada a casa y tras sorprender a un supuesto ladrón, forcejeó con él hasta que salió huyendo. El joven presentaba heridas superficiales en su muñeca derecha y su camiseta estaba manchada de sangre.
Su testimonio no concordaba con los primeros indicios hallados por los agentes después de realizar una inspección ocular en la vivienda y recabar algunas pruebas en el lugar de los hechos. El relato de Ricardo no resultó creíble para los investigadores de la Guardia Civil, que detectaron demasiadas incongruencias en sus explicaciones desde el primer momento. Apenas fue capaz de sostener su versión de los hechos durante un par de horas.
En el transcurso del interrogatorio en las dependencias del Instituto Armado de Playa de Las Américas, el sospechoso cambió su relato por otro que sí encajaba con las piezas del puzle que comenzaban a armar los agentes y que le incriminaban directamente a él. Su cambio de versión se produjo en el momento en que se le comunicó que su situación legal pasaba a ser la de investigado por los tres homicidios. 72 horas más tarde, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona y juez decano del partido judicial, Nelson Díaz Frías, ordenó el ingreso en prisión comunicada sin fianza de Ricardo como presunto autor de tres delitos de asesinato.
El tribunal que lo juzgó consideró que el joven mató primero a sus padres de varias puñaladas a las 3 de la madrugada y posteriormente a su abuelo, al que también le asestó varias cuchilladas. En el caso de la madre se produjo ensañamiento, ya que le clavó el arma blanca hasta 30 veces, según el informe de la autopsia, lo que puso de manifiesto “un sentimiento de odio e inquina hacia su progenitora”, recogió la sentencia.
El jurado popular declaró probados los delitos de asesinato alevoso y con ensañamiento y concluyó que la agresión se produjo de manera “súbita, rápida, inesperada y brutal”. La sentencia descartó que el condenado sufriera un trastorno mental transitorio como alegó su defensa.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a Ricardo a la pena máxima, prisión permanente revisable, por la muerte de su abuelo, mientras que le condenó a 20 años por el asesinato del padre y a 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de la madre.
En el texto judicial se especificó que el joven relató detalladamente los hechos de esa noche y se mostró orientado, lo que es incompatible con un trastorno o brote psicótico. Además, indicó que no se detectaron rastros de drogas tóxicas ni alcohol y señaló que tampoco se puede aplicar como atenuante el reconocimiento de los hechos, ya que el condenado solo reconoció ser el autor de las tres muertes cuando constató que las sospechas recaían sobre él. Su abogado presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Las muertes violentas de Carmen Nola, Antonio y Luciano causaron una gran consternación en Guaza, un núcleo de alrededor de 2.500 habitantes, donde eran muy conocidos, y sus vecinos, tres años después, se siguen preguntando por qué les tocó a ellos ese final tan cruel.
Antonio, que adquirió la explotación platanera con la vivienda después de regresar como emigrante de Venezuela, solía desayunar en el bar Guaracarumbo, a 300 metros de donde caería muerto. Luciano acudía por las tardes a jugar al dominó a la asociación de vecinos de Guaza, adonde lo llevaba y recogía su hija, profesora de Primaria en un colegio de Los Cristianos, después de que el octogenario sufriera un bajón físico en los últimos meses que lo terminó por apartar de las tareas agrícolas en la finca familiar. El abuelo del parricida llegó a expresar en más de una ocasión a sus compañeros de juego su preocupación cuando su hija se quedaba sola en casa.
La consternación se extendió también a La Palma, isla donde habían nacido los tres fallecidos. Sus restos mortales fueron trasladados hasta el municipio de San Andrés y Sauces, lugar en el que varios cientos de personas, entre familiares y vecinos, acompañaron en un imponente silencio a los tres féretros hasta el cementerio de esta localidad, donde recibieron sepultura. Las víctimas mantenían muy vivas sus raíces palmeras y lo demostraban cada vez que podían, tanto en vacaciones como en alguna festividad.
Por fuera de la finca familiar no queda ningún resto que haga pensar que allí se produjo uno de los sucesos más terribles que se recuerdan en el Sur y que sacudió a toda España. Las dos perras, a las que nadie escuchó ladrar aquella noche, ya no están, tampoco quedan rastros de las cintas adhesivas de precintado a la entrada ni resto alguno de las velas rojas colocadas por los vecinos en memoria de Carmen Nola, Antonio y Luciano. Solo queda el silencio.
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