El Tanque

El TSJC ratifica la condena de 12 de años de inhabilitación al alcalde de El Tanque

La Sala ha desestimado el recurso de apelación del edil y ha confirmado el pleno ajuste a derecho de la decisión tomada en su día por la Sección Quinta de la Audiencia.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado en todos sus extremos la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que en noviembre de 2020 condenó al alcalde del municipio de El Tanque (Tenerife), Román Martín –que se dio de baja como militante del PSOE– a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa.

La Sala ha desestimado el recurso de apelación del edil y ha confirmado el pleno ajuste a derecho de la decisión tomada en su día por la Sección Quinta de la Audiencia.

La instancia, y ahora la Sala de apelación, consideran probado que el acusado, en su condición de alcalde de El Tanque, actuando “con absoluto desprecio hacia la legalidad vigente”, acordó la apertura y puesta en funcionamiento de una miniresidencia y centro de día de Mayores en la villa, que fue inaugurada por él mismo el 12 de agosto de 2014, “ostentando además la condición de gerente del centro”.

Tal actuación se verificó, agrega la Justicia, “pese a ser conocedor el encausado de que el inmueble, que carecía de certificación final de obras por no haberse ejecutado las obras de refuerzo estructural previstas, era titularidad de la Federación de Mayores de Canarias, sin que se hubiera revertido el mismo al Ayuntamiento y sin que se hubiera tramitado el preceptivo expediente administrativo para la creación y establecimiento del servicio ni el mismo, como alcalde, fuera competente para la aprobación definitiva del citado servicio, vulnerando con ello la legalidad vigente”.

Igualmente, Martín, “actuando nuevamente con el propósito de sustraerse del cumplimiento de la legislación vigente, y prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, aseveraba el fallo ahora ratificado.

De esta manera, “dictó el decreto de la Alcaldía por el que resolvió aprobar el Padrón de Personas beneficiarias por el Concepto de Centro de Día correspondiente al mes de junio de 2015, cuyo importe ascendía a la cantidad 1.600 euros, así como que se procediera a la remisión de los recibos oportunos y a dar cuenta de dicha resolución a la Intervención y al Pleno del Ayuntamiento, negándose a la firma y tramitación de dicho Decreto la secretaria Interventora del consistorio, en informe de 22 de junio de 2015, toda vez que por el encausado se habían omitido los trámites preceptivos y antes referidos para el establecimiento del servicio, así como el procedimiento legalmente previsto para el establecimiento de la tasa por prestación de servicio público, incumpliendo así toda la normativa legal al respecto”.