La Demarcación Provincial de Costas ha notificado al Ayuntamiento de Güímar que proceda a otro vallado de la zona de Las Bajas, junto a los túneles de la TF-1, cuando ese barrio ya está desalojado desde marzo por una obra de emergencia decretada por el Consistorio ante el riesgo de desprendimientos.
El actual alcalde, Gustavo Pérez, confirmó a este periódico que Costas ha notificado a los propietarios de las 20 viviendas situadas en esa zona, algunas casas-cuevas, que se encuentran en dominio público y que procederá a la recuperación posesoria del mismo, justo cuando el Ayuntamiento procedió a una obra de emergencia que ha quintuplicado su presupuesto (de 362.000 euros a casi un millón y medio), por lo que se encuentra paralizada, cuando falta el 25% que ejecutar de la misma -mallas en el talud- al negarse el Consistorio a pagar a la UTE que realiza esas obras.
Pérez indicó que “hemos recibido directrices de Costas sobre cómo debe ser el nuevo vallado, una actualización del que ya está”, señaló. Asimismo, insistió en que desde el Consistorio se trabaja para ayudar a las familias de Las Bajas a mantener esas viviendas y a siete de ellas “buscarles algún tipo de subvención para que se paguen el alquiler mientras estén fuera de sus casas”, ante el anuncio de desalojo que les ha enviado la inmobiliaria que alquiló apartamentos en El Puertito y el casco del municipio por cuatro meses, el tiempo inicialmente previsto para ejecutar las obras. Esos alquileres los sufragaba la empresa constructora -en torno a 700 euros mensuales cada piso- hasta que el Ayuntamiento dejó de pagar las certificaciones de obras y la UTE dejó de sufragar los alquileres.
Gustavo Pérez volvió a insistir que “la obra sigue parada a la espera de los informes técnicos”, reconociendo que se trata de un expediente “muy denso y complejo”, manteniendo que “ya se ha iniciado el trámite de ayuda a los vecinos para que sigan en esos pisos de alquiler”, aunque es conocedor de que cuelga sobre ellos otro desalojo casi definitivo, la recuperación del dominio público marítimo terrestre, con las notificaciones de Costas que le han llegado a la veintena de familias. Muchas de ellas han recurrido al abogado especializado en defender a los afectados por la Ley de Costas en Canarias, José Luis Langa, como sucede en parajes próximos a Las Bajas como Santa Lucía, también en Güímar, o Bajo La Cuesta, en Candelaria, casos similares con desalojos por riesgo de desprendimientos y pendientes del contencioso con Costas. Mientras tanto, los vecinos de Las Bajas ven cómo el regreso a sus casas se eterniza y pende sobre ellos la duda de si sus hogares serán pasto de las palas mecánicas como Chovito.
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