La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, que preside el letrado José Luis Langa, llevará a cabo acciones legales ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para impedir que una veintena de familias que están amenazadas de derribo de sus viviendas en la playa de El Callao, en Las Bajas, en el municipio de Güímar, pierdan sus casas, más de la mitad, primera y única morada.
Así lo indicó el letrado, que también explicó que las familias afectadas por la Ley de Costas “han sufrido un doble varapalo, primero porque en marzo el Ayuntamiento les desaloja asegurando que van a hacer obras que ya están paradas, y ahora porque desde Costas les amenaza con la demolición”, matiza.
Cabe recordar que el Servicio Provincial de Costas de Tenerife envió el 12 de noviembre una orden de ejecución para el desalojo y la demolición de estas viviendas, en el que se asegura “proceder por este Servicio Provincial de Costas a la ejecución forzosa y subsidiaria de la resolución de recuperación posesoria citada, mediante la demolición y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado primitivo”, para lo que se les daba un plazo de diez días.
Según explicó Langa, “nos encontramos ante un caso más de desatención de la realidad canaria por parte de las instituciones estatales, que proceden sin tener en cuenta la historia de un pueblo y el derecho que les asiste a estas personas que llevan años en estas casas y por las que han pagado sus impuestos”.
En cualquier caso, la Plataforma ha decidido reunirse con todos los grupos políticos con representación parlamentaria en Canarias y con la Dirección General de Costas en Madrid, además de llevar el tema al Parlamento Europeo, pues “esta situación se pararía si se supiera que Canarias vive y vivirá siempre junto al mar”. Además, matizó que “estoy casi seguro de que los juzgados nos darán la razón y estas personas, como otras muchas anteriormente, podrán volver a tener sus casas sin sentirse amenazadas”.
También estuvo presente Luisa Castro, portavoz del PP en Güímar, que ha solicitado un Pleno extraordinario para tratar el “doble desalojo” de Las Bajas, lamentando que “se haya actuado en terreno que no es municipal, sin estudio técnico previo, y se haya cerrado el único camino que une el litoral de Agache con El Puertito”.
El alcalde
Por la tarde, el alcalde de Güímar, Gustavo Pérez; el primer teniente alcalde, Airam Puerta, y el edil de Servicios Sociales, José Miguel Hernández, se reunieron con una decena de vecinos para trasladarles que el Ayuntamiento “trabaja en ayudas al alquiler a aquellas familias que considere Servicios Sociales, entendiendo que son circunstancias especiales”.
Asimismo, declaró que “no estamos enfrentados a los vecinos, queremos ayudarles, pero no hay una varita mágica que resuelva la situación. Vamos a trabajar con ustedes (vecinos) las posibles soluciones”, explicó. Y recordó que las obras están paradas al iniciarse el procedimiento para resolver el contrato de la obra, tras el sobrecoste recogido en el informe de la secretaria municipal. De la orden de derribo trasladada por Costas, Pérez solo dijo que “la explicación del procedimiento pertenece a la Demarcación de Costas”.
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