arona

Arona y Visocan comprarán viviendas de bancos para alquileres asequibles

Ayuntamiento y empresa pública pactan destinar a tal fin los 2,7 millones que el municipio debe pagar como indemnización por incumplir un convenio en 2006; la primera actuación se ejecutará en El Fraile

El Ayuntamiento de Arona y la empresa pública Visocan han acordado la hoja de ruta que seguirán en el municipio con los 2,7 millones de euros de indemnización que la corporación ha tenido que abonar a esta entidad como consecuencia de la sentencia judicial derivada de un convenio urbanístico firmado en 2006 y cuya licencia data de 2008, con el anterior grupo de Gobierno. Estos fondos, tal y como ambas partes comprometieron, irán destinadas a la inversión en vivienda pública.

Las conversaciones mantenidas por el alcalde, José Julián Mena, con el consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, junto al concejal del área de Vivienda, Leopoldo Díaz Oda, y el director gerente de esta empresa pública, Víctor González, han concluido que la primera de las actuaciones tendrá como epicentro El Fraile, núcleo en el que se encuentra un edificio propiedad de una entidad bancaria y cuyos inquilinos estaban acogidos a alquileres en condiciones ventajosas.

Tanto el municipio como Visocan han acordado analizar la viabilidad económica y jurídica de su adquisición para destinarlo a la misma finalidad, con alquileres asequibles, un paso a corto plazo que busca continuar con el mismo objetivo en otros puntos de Arona, con la compra de viviendas en manos de entidades privadas para darles un uso social. A largo plazo, ambas entidades proponen la firma de un convenio que permita la ampliación del parque público de vivienda.

El alcalde de Arona explicó que “es fundamental que los recursos del municipio no vayan únicamente a pagar la mala gestión anterior, sino darles un uso que redunde en el bien común. En este caso hay que destacar la buena voluntad de Visocan de destinar el dinero de esa indemnización a atender las necesidades de las aroneras y aroneros con recursos escasos o bajos sueldos y que se encuentran en un entorno de alquileres elevados. Las personas son la prioridad de este gobierno. En El Fraile queremos dar un primer paso para ir más allá en otros núcleos del municipio”.

El concejal del área de Vivienda recordó que “estamos inmersos en sacar adelante el primer proceso de regeneración y rehabilitación de vivienda pública de la historia de Arona en Virgen del Carmen, Guargacho. Nuestra intención es seguir esa línea e ir ampliando el parque de vivienda social del municipio de la mano de Visocan, que ha mostrado una gran predisposición a trabajar de una manera conjunta”, agregó.

El origen de esta situación se remonta a 2002, cuando el entonces Gobierno de Arona firmó un convenio urbanístico con la empresa promotora del denominado Plan Parcial La Camella Baja, denominada Wolding Estudio SL. Por ese acuerdo, esta cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, correspondiente al 10% de cesión obligatoria que debía percibir.

El 23 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Arona suscribió con la empresa pública Visocan un convenio para la construcción de 35 viviendas de protección social dirigidas a jóvenes y el mismo número de plazas de aparcamiento. En ese acuerdo se cedió para ello la parcela anterior y la corporación asumió que removería todos los obstáculos para que el suelo quedara urbanizado y Visocan pudiera poner a disposición de los usuarios esas viviendas.

En septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local concedió la licencia urbanística para la construcción de estas, a pesar de que ya en esa fecha existía una advertencia del Área Jurídica de Urbanismo en la que se hacía constar que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había concluido en febrero de ese año sin que esto se hubiera realizado. No obstante, el grupo de Gobierno de entonces siguió adelante y dio el permiso.

Cuando las viviendas se terminaron y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona el enganche de las viviendas al agua y la luz, este no se podía otorgar, puesto que, tal y como advertía el servicio jurídico, la urbanización nunca había se había completado y, por tanto, estas no podían ponerse a la venta, lo que llevó a un litigio en el que la corporación fue condenada al pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización.

TE RECOMENDAMOS