El grupo de gobierno (CC-PP) de Los Silos se niega a adoptar la decisión de la Dirección General de Costas de Madrid de demoler la piscina municipal por encontrarse en dominio público marítimo terrestre y no haber renovado a tiempo la concesión, y advierte de que irá al contencioso si es necesario para defender una instalación que lleva abierta desde hace 50 años y de la que se beneficia toda la comarca de la Isla Baja.
Así lo aseguraron ayer la alcaldesa, Macarena Fuentes (CC) y la primera teniente de alcalde, Raquel González (PP), tras conocer que Costas no aceptó las alegaciones presentadas “en tiempo y forma” por el Ayuntamiento y sigue firme con su intención de derribarla y dejar la costa como antaño.
El Consistorio argumentó “el grave daño que se ocasionaría al dominio público, tanto si se derriba como si se deniega la concesión ya que implicaría un deterioro importante de las alegaciones”. También recordó la autorización dada por la delegación de Costas en Tenerife en junio de 2018, tras la extinción de la concesión para llevar a cabo actuaciones en el espacio público por importe de 257.637 euros, bajo la “creencia consentida” del citado departamento de conservar las instalaciones para su futuro uso. En este sentido, consta en el expediente un informe favorable de este mismo servicio que propone una concesión por 30 años.
Otras razones fueron que las instalaciones “están consolidadas, integradas en armonía con el paisaje y conforman un suelo urbano consolidado a lo largo de varias décadas; no se contempla intervención física alguna y por lo tanto, no habrá efectos significativos sobre el medio ambiente”. Por el contrario, su demolición supondría un impacto ecológico negativo para la flora y la fauna marina que vive en los diques de protección de las instalaciones y conllevaría, explicó la regidora, “un proceso de transformación con graves perjuicios, entre otros, al dique de abrigo del puertito’, que se vería afectado”.
Sin embargo, ninguno de estos argumentos fueron suficientes para que el Consistorio consiguiera renovar la concesión, vencida en 2018 y perdida debido a que el anterior gobierno (PSOE) no solicitó la prórroga a tiempo. El actual comenzó en junio de 2019 su lucha para salvar la piscina.
La resolución del departamento estatal llegó al Registro municipal el pasado 3 de febrero. En ella esgrime que que las instalaciones “pueden localizarse fuera del dominio público”, en terrenos colindantes, al no estar vinculadas al mismo y que el coste que ello supondría “no es razón para permitir que continúen allí”. Añade que existen “criterios de sostenibilidad y protección” para denegar la concesión, como “respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico, conseguir mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar y evitar obras perjudiciales”, argumentos que el Ayuntamiento rebatió en sus alegaciones, igual que el hecho de que la petición de prórroga no se presentó a tiempo.
“La respuesta de Costas es un atropello, es reírse del pueblo silense”, sostuvo la alcaldesa, quien dejó claro que el grupo de gobierno recurrirá por la vía administrativa. Tiene un mes de plazo para hacerlo. En caso de otro ‘no’, “llegaremos hasta donde haga falta” y se mostró convencida de que contará con el apoyo de la ciudadanía. “Iremos al contencioso para que sea un juez quien finalmente decida si se derriba o no”, insistió.
Tanto Fuentes como González reclamaron un mayor apoyo institucional, tanto del Cabildo de Tenerife como del Gobierno de Canarias en este asunto, “y dejar las siglas políticas de lado”. “Necesito que el Gobierno de Canarias esté con nosotros, con el pueblo, pero que esté”, insistió la regidora.
Las instalaciones llevan cerradas desde 2019 con el consiguiente perjuicio económico para un municipio de menos de 5.000 habitantes. “Pero no podemos abrirlas porque no son nuestras y eso puede suponer un problema”, aclaró.
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