El sindicato educativo ANPE Canarias lamentó este suceso y recordó que ya habían advertido de las amenazas que estaban recibiendo todos los centros, especialmente los que se acogieron al programa de vacunación infantil, así como personal docente. Ya el sindicato mostró su preocupación y se mostró contrario a la vacunación en los centros educativos, para evitar diversos problemas.
Señala que está “totalmente contra de esta decisión”,al sostener desde el primer momento que no debe ser el profesorado quien asuma la carga burocrática de gestionar las autorizaciones con las familias y organizar el procedimiento de vacunación. Además, advirtió que vacunar en los centros en horario escolar no es lo más conveniente para facilitar la presencia de los padres, las madres o los tutores legales que deseen acompañar al alumnado, ni tampoco para garantizar la confidencialidad requerida y evitar la estigmatización de quien no se ponga la vacuna. Por ello, defendió que lo más adecuado es que la vacunación a menores de 5 a 11 años se realice en instalaciones sanitarias o en espacios específicamente habilitados para ello..
El pasado martes denunció el envío a los centros educativos de amenazas de colectivos antivacunas. Dos asociaciones contrarias al proceso de vacunación y al uso de mascarillas han enviado cartas intimidatorias a los centros en las que los acusan de estar cometiendo graves delitos y amenazan al personal directivo con iniciar acciones legales en su contra, como ya hicieron anteriormente con trabajadores sanitarios.
“La misma motivación que nos llevó a oponernos a la vacunación en los colegios es la que nos lleva ahora a rechazar de manera tajante y contundente estas amenazas tanto en las formas como en el fondo, y no es otra que la de defender y proteger al personal docente, al alumnado y a toda la comunidad educativa. No es admisible que se pretenda coaccionar al profesorado tratando de infundir miedo sobre el proceso de vacunación”.
ANPE Canarias es el único sindicato que ha mostrado su rechazo a la experiencia piloto de vacunación en centros escolares puesta en marcha por la Consejería de Educación, aunque por motivos muy diferentes a los argumentos anticientíficos esgrimidos por los colectivos negacionistas y antivacunas.
Por su parte, el sindicato educativo STEC-IC manifestó su “más enérgica condena y repulsa frente a las graves amenazas” que están sufriendo determinados centros educativos y docentes en relación con la vacunación pediátrica de la COVID-19 tras el desalojo del CEIP Isaac de Vega de Granadilla por un anuncio de bomba.
“Frente a las irracionales posiciones negacionistas, desde el STEC-IC recordamos que la decisión de vacunar o no al alumnado es una decisión que sólo compete a sus familias y que hay que respetar, en un sentido u otro.
La vacunación pediátrica no es obligatoria de ninguna forma, siendo las familias las que deben decidir libremente sobre el particular y no bajo la amenaza y la coacción, como una minoría antidemocrática quiere imponer”, señaló en un comunicado.
El sindicato aseguró que se puso en contacto de inmediato con el centro afectado para “trasladarle su solidaridad y ponerse a disposición” de su equipo directivo así como de todo el personal docente y no docente del mismo.
“Desde esta organización instamos a la Consejería de Educación y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a actuar con la máxima celeridad y contundencia a fin de esclarecer los hechos señalados y garantizar la seguridad de las comunidades educativas objeto de intimidación, por encima de cualquier otra consideración, como no cabe otra cosa en un estado democrático y de derecho”.
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