“¿Cómo se van a desalojar a los que ya están desalojados?”, se pregunta José Luis Langa, abogado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, cuando habla de la veintena de vecinos de Las Bajas, en Güímar, que siguen fuera de sus casas desde el mes de abril por unas obras que ordenó el Ayuntamiento para asegurar un talud y que ahora han recibido, mientras siguen desalojados, notificaciones de Costas para el derribo de sus viviendas por la “recuperación posesoria” del dominio público marítimo terrestre.
Langa recordó que esos desalojados notificados por Costas los tiene recurridos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para impedir que una veintena de familias que están amenazadas de derribo de sus viviendas en la playa de El Callao y en Las Bajas pierdan sus casas, más de la mitad, primera y única morada. “Estamos a la espera de que el juez decida una medida cautelar hasta que podamos demostrar, junto al Ayuntamiento, que se trata de un pequeño núcleo urbano consolidado”, declaró Langa ayer en Onda Tenerife.
El letrado, además, espera que a finales de marzo se concrete la transferencia de las competencias de Costas al Gobierno de Canarias, recordando que su plataforma de afectados por la Ley de Costas de 1988, modificada en 2013, está inmersa en la comisión mixta que trabaja en esa transferencia. “La Ley no cambiará -dijo-, pero el conocimiento que se tiene aquí de nuestra costa no tiene que ver con la que se tiene en Madrid, que cuando hicieron la Ley no recordaron que Canarias pertenece a España”. Según el abogado, 150.000 canarias están afectados directamente por esa Ley y 66 de los 88 municipios tienen algún núcleo perjudicado por ella.
José Luis Langa recordó que los vecinos de Las Bajas “han sufrido un doble varapalo, primero porque en abril el Ayuntamiento les desaloja asegurando que van a hacer obras, que siguen paradas desde septiembre, y ahora porque desde Costas les amenazan con la demolición”.
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