Mari Brito: “Creo en la Justicia; desde que llegué en 2015, he querido acabar con los vertidos”

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, confirmó ayer en Onda Tenerife que ya ha ejercido el derecho a recurrir, “porque creo en la Justicia”, al auto del magistrado del Juzgado Número 1 de Güímar que la investiga, junto a tres exalcaldes del Valle de Güímar (Carmen Luisa Castro, Gumersindo García y José Juan Lemes), por un presunto delito contra el medioambiente y prevaricación por los vertidos de aguas industriales al mar procedentes del Polígono, que desde 2013 es propiedad de los ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo.

La regidora socialista confía en que el recurso pueda prosperar, porque “lo único que he hecho desde que llegué a la Alcaldía en 2015 es trabajar para acabar con los vertidos, algo que hoy está solucionado con la puesta en marcha de la depuradora de aguas industriales que construye el Consejo Insular de Aguas, que es el que tenía las competencias para hacerlo”.

Además, recuerda que “desde que soy alcaldesa no he dejado de trabajar para seguir el plan de etapas que nos marcaron después de que no saliera adelante la Entidad Urbanística de Conservación que debió constituirse en 2013 e incluso el Ayuntamiento de Candelaria llegó a solicitar, ante la falta de autorización para verter al mar, que se clausurara el emisario submarino, pero un juzgado de lo Contencioso no nos permitió cerrarlo”.

Mari Brito insiste que “tengo la conciencia bien tranquila, porque nosotros no generamos ese problema, el problema nos lo hemos encontrado y lo único que hemos hecho es trabajar intensamente para solucionarlo, logrando la autorización de vertidos y construir una depuradora que no se hizo ni por la Asociación Mixta ni por el Gobierno de Canarias, que eran los que tenían que haberlo hecho antes de que lo recepcionaran los ayuntamientos”, comenta.

No considera la también presidente de la Fecam que este proceso judicial pueda apartarla de la política, tal y como podría darse a tenor de la letra del código ético del PSOE, que prevé la expulsión de militancia una vez se abra un juicio oral. “Lo único que he recibido es el apoyo de mis compañeros, incluso de otros partidos, lo que agradezco. Mi partido sabe todo lo que ha ocurrido y todo lo que he hecho por solucionar ese complejo problema, y está informado de todo el procedimiento. Es verdad que hay un código ético, pero este ha ido evolucionando y no basta con la apertura del juicio oral”, indica.