El Ayuntamiento de Valle Gran Rey presentó una demanda (16 de mayo) ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC contra la resolución número 1080 / 2021, de la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, del Gobierno de Canarias, mediante la que se declaró el Interés General de las obras necesarias para la ejecución del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Arure (expediente ER 200529).
El alcalde de Valle Gran Rey, Ángel Piñero, que gobierna con un pacto NC-ASG, critica que el Ejecutivo no haya atendido las alegaciones del Consistorio ni algunos de los propietarios del terreno (unos 10.000 metros cuadrados, buena parte de ellos municipales), en las que se expone que esa instalación atenta contra las Normas Subsidiarias del municipio al ser ese suelo de protección rústico ambiental, en donde no cabe una planta fotovoltaica ni “por interés general”.
Señala sin miramientos al Gobierno de Canarias por “expropiar 216 parcelas, muchas de ellas públicas, para una actividad privada en un espacio protegido”, remarcando además que esa instalación apenas creará cuatro puestos de trabajo.
En la demanda, dentro de los antecedentes de hecho, se resalta que “la misma empresa Siempreviva Gigante S.L. solicitó ante el Ayuntamiento de Valle Gran Rey que se tramitara el procedimiento administrativo por interés público y uso excepcional del suelo rústico”. Ello se denegó por la Corporación municipal mediante Decreto número 337/2021, de 9 de noviembre.
La denegación se basó, en síntesis, en que el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece lo siguiente: “Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento”.
El suelo en el que se pretende desarrollar el proyecto está asimilado a protección ambiental conforme a la Disposición Transitoria Tercera de la LSC. En suelo rústico de protección ambiental, conforme al artículo 62 de la propia Ley no es acorde a Derecho el uso excepcional de suelo rústico
“Entendemos que se ha primado y ponderado por encima de los intereses municipales, los de una empresa privada que sin problema alguno podría desarrollar este proyecto en otro lugar y, obviamente, mejor en suelo no clasificado y categorizado como de protección ambiental ni de titularidad pública. En base a lo expuesto, se estima adecuado la suspensión cautelar de los actos administrativos impugnados, hasta que se dicte la correspondiente sentencia”, se indica en la demanda.
El alcalde, Ángel Piñero, además, remarca que se ha detectado la presencia en las cercanía de elementos naturales significativos como son dos especies identificadas como en peligro de extinción como son el halcón tagorote (Falco peregrinus pelegrinoides) y la Colderrisco de Arure (Crambe wildpretii).
Siempreviva Gigante SL construirá otras dos plantas en San Sebastián
La empresa Siempreviva Gigante S.L., de La Coruña, llevará a cabo en La Gomera, aparte de la planta de Arure (de 0,74 MW de potencia), los parques eólicos de Las Tricias y La Sabina, de 2,35 MW cada uno, en San Sebastián de La Gomera. Según destaca el Gobierno, cada uno de los parques permitirá reducir en 4.406,25 las toneladas de CO2 emitidas en Canarias. Además, se espera que también cada uno genere 16 puestos de trabajo durante la construcción y cuatro en la fase de mantenimiento y explotación. Para ello, se estima una inversión aproximada de 3.102.000 euros por planta.
La construcción de las tres infraestructuras supondrá la alteración del planeamiento, por lo que el Gobierno también ha ordenado a que el Plan Insular de Ordenación de La Gomera “sea adaptado con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo”. El Cabildo informó favorablemente a los tres proyectos (26 de noviembre de 2020).
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