Miembros de las plataformas Sindicato de Inquilinas de Tenerife, Montaña Clara Por el Derecho a una Vivienda Digna y asociaciones de vecinos de San Isidro, desmintieron ayer en rueda de prensa que la empresa Desokupa, venida exprofeso de Madrid, “ofreciera dinero a los residentes en el edificio Tabaiba para un alquiler social y convencerles así para que abandonaran el inmueble”, al igual que negaron problemas de seguridad en la azotea para que “cortaran el suministro de agua de los bidones que los vecinos han instalado”, al carecer de red de abastecimiento, al igual que ocurre con la luz, que obtienen gracias a placas solares en la misma azotea.
Yoanna Rodríguez Trujillo, miembro de esos colectivos, señaló ayer que “no entendemos como el nuevo propietario del edificio, un rumano con empresas de aluminio en la Isla, contrata a estos matones para echar a la gente a la calle, cuando casi todos tienen el juicio por desahucio el 17 de mayo”, creyendo que lo hace porque “no debe tener todos los papeles en regla, porque este edificio siquiera esta registrado como tal”, recordando que hace algo más de 10 años “el entonces alcalde, Jaime González Cejas, permitió a mucha gente que ocuparan las 48 viviendas, en las que han nacido niños que ahora están sufriendo este atropello”.
También comentó que Desokupa ha amenazado con regresar el lunes “con 40 o 50 miembros más” para echarles de sus casas, por “las buenas o por las malas”, comentó Yoanna Rodríguez Trujillo, vecina del cercano edificio Las Acacias, donde medio centenar de personas también están sujetos a un posible desahucio. Es la permanente historia casi cotidiana de San Isidro.
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