La Diputación del Común retoma el expediente para dotar de perros de protección a víctimas de maltrato

La moción aprobada en el Ayuntamiento de Santa Cruz, a instancias de Unidas Podemos, para ofertar un nuevo recurso a las mujeres víctimas de violencia de género a través de los perros de protección, tal y como contó DIARIO DE AVISOS este fin de semana, ha llevado a la Diputación del Común a retomar el expediente de oficio que abrió en 2018 con el objetivo de implantar este recurso en Canarias y que quedó sin respuesta. Así lo avanza a este periódico la adjunta de Igualdad de la institución, Beatriz Barrera, quien recuerda que ya en 2018 se dirigieron no solo al Gobierno de Canarias, sino también al Defensor del Pueblo para que se lograra una regulación en todo el Estado de este recurso, que ya algunas administraciones ofrecen.

“Yo conocí este recurso a través del Ayuntamiento de Parla, en Madrid, a donde me desplacé para conocer su implantación y donde lo había hecho con éxito”, recuerda Barrera. Allí supo de las dos únicas usuarias con las que cuenta el proyecto Pepo de perros de protección para víctimas de violencia de género en Canarias. “Tras reunirme con ellas, me trasladaron que estaban muy contentas con sus perros, por lo que decidimos iniciar una actuación de oficio para ver de qué manera se podía implantar de forma oficial en Canarias este recurso y que no hubiera que desplazarse a la Península”.

Un esfuerzo que al final no obtuvo respuesta, dada la complejidad que supone un recurso de este tipo. “Aquí el Gobierno de Canarias, en la legislatura anterior, ponía ciertas objeciones, como que no tenían un número de demandantes suficientes como para destinar una línea continua de financiación”, explica Barrera. “Además -continúa- había un impedimento regulatorio a nivel general y es que estos perros no tienen la misma condición o regulación que tienen los de acompañamiento de las personas ciegas”.

Por eso, ahora, tras conocer la iniciativa presentada en la capital, Barrera detalla que “me produce una gran satisfacción que el Ayuntamiento de Santa Cruz haya reactivado esta medida de protección, pero también quiero alertar de que la realidad es multidisciplinar y que hay que estar todos coordinados. Si los perros no tienen la condición legal de acceder a todo tipo de establecimientos, no se podrá ofertar el recurso con todas las garantías para la usuarias”.

“Creo que es el momento de dirigirnos nuevamente al Instituto de Igualdad para saber qué considera. Y sería muy útil insistir con el Defensor del Pueblo”, subrayó.