Rendición de cuentas, transparencia y mecanismos para denunciar posibles malas prácticas. Son algunas de las claves que, según dio a conocer ayer la criminóloga palmera Cristina Fernández González, permiten prevenir conductas fraudulentas en situaciones de emergencia como la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
En el marco del I Congreso Internacional sobre Gobernanza y Lucha contra la Corrupción, organizado por la Universidad de Salamanca y el Centro de Investigación para la Gobernanza Global, Fernández citó algunos ejemplos en los que no se hizo un buen uso de los fondos públicos, como el terremoto de Lorca.
Su conferencia, titulada Riesgo volcánico: influencia de las catástrofes naturales y sanitarias sobre el aumento de la corrupción en la administración pública, ahondó en el caso del devastador fenómeno que golpeó la Isla Bonita, y más concretamente el Valle de Aridane, entre septiembre y diciembre del año pasado.
Al respecto, indicó que coyunturas como la pandemia de la COVID-19 o el proceso eruptivo empujan a “los potenciales corruptos” a “aprovecharse de esta situación para delinquir”. Especialmente, en lo referido a “conflictos de interés entre contratantes y contratistas”. Y, en este sentido, señaló a las tramitaciones de emergencia como “una fuente importante de corrupción”.
Aludiendo a informes de distintos organismos internacionales, afirmó que una de las pautas para llevar a cabo una correcta gestión es la “accountability” o rendición de cuentas. Es decir, “que los representantes públicos expliquen de forma clara y transparente” sus decisiones, como podría ser los retrasos iniciales a la hora de repartir las donaciones.
Por otro lado, se hallaría la necesidad de hacer esa distribución con “transparencia y un plan de reconstrucción público”; “creación de mapa de riesgos”, ya que al haber tantas administraciones implicadas en la gestión “aumenta el riesgo de corrupción”. Y, finalmente, habilitar canales para denunciar supuestos ilícitos.
