En Tenerife existen censados 200 puntos de vertidos al mar, de los que 136 no cuentan con autorización de ningún tipo. En sitios como la capital existen cinco, pero también los hay en Arico, Candelaria, Granadilla, Garachico o el Puerto de la Cruz, todos recogidos en el Censo de Vertidos del Gobierno de Canarias realizado en 2017.
El impacto en la salud humana de estos vertidos de aguas residuales domésticas altamente contaminantes centra la petición que la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales ha dirigido al Parlamento de Canarias para que se abra una comisión que investigue y analice la situación de estos vertidos “ilegales”. Además, se solicita que las conclusiones de dicha comisión sean trasladadas a la autoridad judicial competente, para la exigencia de responsabilidades si fuera necesario.
Según ha comunicado ya la Mesa del Parlamento, la petición ha sido admitida a trámite, por lo que ya se ha remitido a la Comisión de Estatuto de los miembros de la Cámara y de Peticiones para que la estudien.
En su escrito, la asociación señala que “la contaminación en las playas de baño por estos vertidos ilegales al medio marino, a través de colectores y emisarios no autorizados, puede provocar en la población distintas enfermedades por el contagio de virus y bacterias procedentes de las aguas fecales, representando un grave perjuicio para la salud, para el equilibro de los sistemas naturales, así como ser severamente dañoso para nuestro aspecto social y económico”.
Y es que precisamente ese aspecto, la influencia en la salud humana, es lo que ha movido la petición del colectivo profesional, que preside Juan Rumeu, quien ha explicado a DIARIO DE AVISOS que “nosotros no somos una asociación medioambiental al uso, somos una asociación de profesionales, sin ánimo de lucro, pero todos profesionales de la consultoría medioambiental, en la que hay ingenieros, médicos, farmacéuticos o laboratorios con experiencia de más de 30 años en todo lo que es el ciclo integral del agua, profesionales que sí tenemos una información permanente y real de todo lo que está ocurriendo en la costa, y lo que realmente nos preocupa no es tanto el tema medioambiental, sino la salud pública, porque todos esos vertidos están contaminando las playas, espacios donde se baña la gente”.
Cuando se le pregunta qué tipo de daños pueden estar ocasionando esos vertidos no autorizados, apunta Rumeu que “no se sabe a ciencia cierta que están provocando porque no hay un censo de las patologías que pueden estar causando en las personas. Se sabe lo que producen las bacterias, pero no en qué medida están afectando a quienes se bañan en esos puntos contaminados, precisamente por eso pedimos la comisión, para que se estudie y evalúe las consecuencias de esos vertidos para la salud”.
El presidente de los consultores medioambientales lamenta la ligereza con la que, a su juicio, se trata este asunto desde las administraciones públicas. “Tratan a las E. coli (bacteria fecal) como si fueran todas iguales, y hay muchos tipos; hay E. coli que cogen a un niño y lo destrozan, o una persona con debilidad y le provoca serios problemas de salud, pero no solo las E. coli, también los enterococos o los virus presentes en esas aguas residuales, porque todo lo que excreta el ser humano puede ocasionar enfermedades”.
Rumeu entiende que, a partir de ahí, “solo hay que ir a las playas, a lugares como El Médano o el Puerto de la Cruz, y escuchar a la gente contar lo que les ocurre”. “Pero más allá de esa evidencia -continua -, nosotros en lo que nos apoyamos para hacer la petición es en que esos vertidos no autorizados están definidos, además, como procedentes de aguas residuales domésticas. Entonces, lo que pedimos es que se establezcan una serie de controles”. Insiste en que “está claro que los vertidos provocan enfermedades, por lo tanto habrá que conocer por qué estando no autorizados se permiten. Y, en segundo lugar, qué se está haciendo para controlar todo esto”.
El presidente de los consultores medioambientales, además, pone en duda que el sistema de grandes depuradoras comarcales defendido por el Cabildo sea eficaz en un territorio como el de Canarias. “Hablan de las grandes depuradoras como si fueran la gran solución, cuando lo cierto es que no sirven para nada, porque no tienen caudal, ya que lo que no hay en las poblaciones, de donde vendría el agua a tratar, son redes de saneamiento”.
Rumeu pone de ejemplo la recién estrenada depuradora del Valle de Güímar, “que está terminada, pero no puede funcionar porque no tiene caudal, pues no hay redes de saneamiento suficientes en Arafo, Candelaria o Güímar, es decir, las redes que tendrían que alimentar una parte de esa depuradora”.
“Y lo que yo me pregunto es por qué no se han hecho antes la redes de saneamiento en estas poblaciones -continúa- y, además, se les ha dotado de una depuradora a cada una. No entiendo por qué tienen que ser macrodepuradoras, cuando esto es una orografía muy dispersa”.
Una contaminación que no solo afecta a la costa, porque, recuerda Rumeu, que en los interiores la inexistencia de esa red de alcantarillado lleva a verter las aguas residuales a pozos negros, que pueden acabar llegando a los acuíferos.
Este profesional de la consultoría defiende que esta es una batalla que “hay que darla, incluso para que, cuando llegue la ley canaria de Sanidad, se recoja la necesidad de establecer controles y un censo de todos aquellos que, estando en una playa, por la tarde han entrado en urgencias con un cuadro de diarrea, vómito y fiebre, y que se sepa por qué”.
Rumeu asegura que conoce casos como el de un niño de tres años “que se bañó en una zona contaminada y por la noche se le presentó un cuadro que ha terminado con el crío en urgencias, y con unas patologías que le afectaron al cerebro y lo tienen en una cama. Su familia está convencida de que fue esa contaminación, pero no se estudia, no se analiza”.
Responsabilidad ante los vertidos ilegales en Tenerife
Rumeu termina señalando que “no sé cuál será el final de nuestra petición, pero nosotros hemos creído que era nuestra obligación. No vamos contra nadie, cada cual ya tiene sus problemas, cada concejal tendrá que justificar por qué no ha hecho las cosas si alguien le ha puesto una denuncia, y que en su día serán los vecinos los que tengan que demandar a su ayuntamiento por qué aparece en las playas toda esta situación”.
“Y si hay alguien que puede demostrar que ha enfermado, pues ya reclamará, pero esa no es nuestra función, nosotros exigimos a quien puede y tiene que resolver el problema, y exigimos a quien lo conoce que nos diga por qué no hay un plan para evitarlo”, concluye.
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