caso arbistar

Unos 300 canarios reclaman el dinero perdido en el escándalo de las criptomonedas

El caso Arbistar, surgido en el sur de Tenerife hace dos años, continúa siendo investigado en una macrocausa de la Audiencia Nacional tras personarse más de 6.000 afectados
Santiago Fuentes (Arbistar)
Santiago Fuentes, responsable de Arbistar 2.0. DA

Aproximadamente unos 300 de los más de 6.000 afectados que ya se han personado ante la Justicia en calidad de perjudicados por el caso Arbistar, para reclamar las cantidades que aseguran haber perdido tras destaparse en octubre de 2022 un escándalo financiero, son residentes en las Islas, la inmensa mayoría de Tenerife y Gran Canarias, según las estimaciones facilitadas a este periódico por fuentes conocedoras de la macrocausa que lidera la Audiencia Nacional a este respecto.

Los intereses de varias decenas de los tinerfeños implicados son defendidos por el bufete local especializado en este tipo de reclamaciones Sirvent&Granados.

Este alto porcentaje de isleños perjudicados por lo que se teme sea otra presunta estafa piramidal, esta vez en relación con el mercado de criptomonedas como bitcoin, se debe a que la sede del negocio en cuestión se encontraba en el sur de Tenerife, a tal punto que las primeras diligencias fueron llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona, que en su momento ordenó el arresto del principal responsable de Arbistar, Santiago Fuentes, así como su posterior puesta en libertad provisional con los cargos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Habida cuenta de que el número de denuncias presentadas por inversores que se consideraban engañados no hizo más que multiplicarse durante los siguientes meses, el citado juzgado aronero se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, como dispone la legislación vigente para atender “materias de especial importancia” como la que nos ocupa.

Fue en abril del año pasado cuando el Juzgado Central de Instrucción Número 4 del organismo jurisdiccional estatal, que preside el magistrado tinerfeño José Ramón Navarro, se hizo cargo de unas diligencias donde, además de Fuentes, figuran desde un principio otros nueve investigados (ahora ya son 15) en una trama en la que, si bien llegó a especularse con que podía haber generado un agujero de hasta 1.000 millones de euros, dado el altísimo valor que tenía por entonces el bitcoin, lo cierto es que, avanzadas las pesquisas, la cantidad total más probable que se dirima en los tribunales sea finalmente de unos 100 millones.

Esta rebaja no solo se debe al desplome actual del bitcoin, sino también a que, a pesar de que el propio titular de dicho juzgado central, José Luis Calama, estimó en su día que los perjudicados podrían ser unos 32.000, solo la quinta parte, aproximadamente, ha acreditado el posible perjuicio sufrido. Cabe recordar que este tipo de mercados emergentes suelen ser refugio de quienes no pueden justificar la lícita procedencia de su patrimonio.

Según las acusaciones, Arbistar comenzó a funcionar en 2019, primero vendiendo un software que hacía seguimiento del mercado de las criptomonedas para avisar al inversor de cuál era el mejor momento para comprar o vender, siendo el propio usuario quien debía hacer la operación manualmente en su ordenador. Después, ofreció un bot, al que posteriormente se sumaron sucesivos productos vinculados al mercado de las criptomonedas que anunciaban en vídeos de YouTube y en página web.

Con el reclamo de altas rentabilidades (entre el 8 y el 15% mensual), a los aproximadamente 200 inversores iniciales se sumaron cada vez más interesados, no pocos (como explican los investigadores), sin ningún tipo de conocimiento financiero, pese a lo cual arriesgaron importantes cantidades de dinero. Al poco, el mercado canario e incluso el nacional se quedó corto y el negocio se expandió, sobre todo, en América Latina, pero también consta que logró introducirse en países árabes.

Como en todo sistema piramidal, cuentan los afectados, se pagaba un porcentaje a los inversores que traían nuevos clientes para así asegurar en lo posible que la continua entrada de fondos permitía satisfacer a tiempo los pagos comprometidos con los captados anteriormente.

De lo complejo de la investigación da cuenta, como ya informó este periódico, que el juez Calama ya ha librado varias comisiones rogatorias a paraísos fiscales como Islas Caimán y Belice, pero también a Reino Unido y Hong Kong.

El desplome del bitcoin augura pérdidas pese a que recuperen lo invertido

Cuando se invierte en productos de alto riesgo como las criptomonedas, las posibilidades de obtener pingües ganancias se deben a la voluble fluctuación del valor de las mismas, pero dicho factor también juega en contra, lógicamente, y genera notables pérdidas. Ahora mismo, el desplome del bitcoin perjudica considerablemente a quienes han visto su dinero atrapado en el caso Arbistar.

Cuando en octubre de 2020 estalló este escándalo en el sur de Tenerife con el arresto y posterior puesta en libertad con cargos del máximo responsable de este negocio, Santiago Fuentes, el valor del bitcoin era de 60.000 euros, pero en la actualidad apenas se pagan a 20.000. Es decir, han perdido dos terceras partes desde entonces.

Ello tiene su importancia en este proceso, por cuanto el Supremo no ha fijado aún su doctrina a la hora de si tomar como referencia la cotización del momento en que se produjeron los hechos o la de cuando se juzgan, si bien sí se ha dictado una sentencia en favor de la primera opción. De cualquier modo, con los valores actuales, los atrapados saldrían perdiendo, aunque hoy mismo les devolvieran lo que reclaman.

Se prorroga por tercera vez la instrucción, dada la especial “complejidad”

Por tercera vez desde que asumió el llamado caso Arbistar, el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional ha decretado la prórroga de esta fase del proceso ante la evidente complejidad de un asunto que reúne todos los requisitos de una macrocausa.

Tal decisión supone que las diligencias continuarán al menos durante otros seis meses. Aunque la ley dispone que la tercera es la última prórroga posible, el Supremo ya aclaró que, en casos como el que nos ocupa (más de 6.000 afectados de distintos países y sobre un tema aún sin consolidado recorrido histórico en los tribunales), cabe responder a tanta excepcionalidad con otra para conceder 18 meses más si así lo estima el instructor. Por todo ello, es probable que no habrá juicio hasta, quizás, 2024, aunque es pronto para semejante pronóstico.

Ya el titular del referido juzgado central, José Luis Coloma, ha tenido que tomar medidas procesales para la reagrupación de las representaciones legales personadas, entre otras decisiones impresdincibles que faciliten la labor. Resta recordar que el caso Arbistar empezó en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona ante la llegada de las primeras denuncias, pero cuando los asuntos adquieren una envergadura como la que nos ocupa, pasan a ser competencia de la Audiencia Nacional.

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