En una crisis de la natalidad sin precedentes en Canarias y España parece desacertado que el Sistema Nacional de Salud y las Consejerías de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas impongan restricciones discriminatorias en los protocolos de reproducción asistida truncando el deseo de las mujeres y parejas que quieren tener un bebé o ampliar su familia.
Es el caso de Jennifer P.S., una tinerfeña de 28 años, que ya tiene un niña de 5 años con su marido, y está intentando ampliar la familia; sin embargo, ha tenido cuatro pérdidas gestacionales, la última con cuatro meses de embarazo.
“Hemos puesto una reclamación, porque la Sanidad pública tiene un servicio de reproducción asistida, pero a mí no me lo ofrecen porque ya tengo una hija con mi pareja”, lamentó Jennifer.
“Me preocupa que se me discrimine por tener una hija anterior con mi pareja, que si mi hija llega a ser de otro padre, puedo acceder a este servicio sin problema”, dijo y añadió que le gustaría que “todas las mujeres que lo deseen tengan el derecho a tener un hijo” y para ello “debemos de luchar para conseguir los cambios legislativos que permitan el acceso al servicio de reproducción asistida”.
La tinerfeña narró a DIARIO DE AVISOS los diversos contratiempos que ha sufrido para intentar tener un nuevo bebé. En el caso de abortos de repetición, la pareja puede solicitar, a través de su médico de cabecera, ginecóloga o cualquier especialista que le haya llevado la gestación, una interconsulta con genética del laboratorio para que le haga las pruebas correspondientes.
“En el tercer aborto me derivaron a reproducción, me hicieron dos analíticas para intentar buscar una causa y no vieron un motivo aparente”, señaló. “Me dijeron que siguiera intentando tener embarazos voluntarios. Como ya tengo una hija con mi pareja, y soy joven, dicen que no tendría ningún problema”. Es decir, “te derivan a una analítica y cuatro pruebas, quizás para callarnos la boca”, denunció.
Ante esta situación, se ha visto obligada a acudir, incluso, a la Sanidad privada para conocer las causas de su infertilidad secundaria. “En mi caso, ha salido que tengo una mutación genética, que por la Seguridad Social no la hubiera descubierto porque no quieren ir más allá”, lamentó. Ahora habrá que indagar cuáles podrían ser las causas biológicas que ocasionan que haya tenido estos abortos. “Hay artículos de especialistas que hablan de la existencia de una infertilidad secundaria que puede aparecer en la mujer, así como mutaciones genéticas pueden llegar a lo largo del tiempo, y si no se estudia no las sabemos. Sin embargo, en la Sanidad Pública no me dan una solución ni me ayudan para la búsqueda del problema que tengo”, afirmó.
En la cuarta gestación esta madre abortó tras 16 semanas, a principios de octubre. “No es justo ver el positivo del test de embarazo, ver las ecografías e incluso sentir sus primeros movimientos y perder a cada uno. En mi caso me tocó incinerar a mi hijo y es un trauma muy duro tener que hacerlo”, afirmó.
La pareja tinerfeña quiere dejar claro que no se queja del trato dispensado por el personal del Servicio Canario de la Salud (SCS). “Para mí fue estupendo, pero no dejan de ser también víctimas del sistema. Muchas veces por mucho que quieran hacer más no pueden”, destacó. “Es injusto que si quieres tener a tu hijo o hija en brazos, el sistema público de Salud te lo impide en casos como el mío”.
Jennifer recuerda que la ley de reproducción asistida vigente en España desde 2016 “no establece que haya ninguna limitación respecto al número de hijos”, sino a la edad materna, que debe ser mayor de 18 años, y si está casada, la autorización de ambos cónyuges, así como otros criterios a la hora de donación de óvulos o semen. Las mayores trabas a las mujeres son respecto a su edad, es decir, a partir de 40 años ya no podrían hacerlo por la Sanidad pública, y el hombre no superar los 55, mientras en la sanidad privada se amplía hasta los 45 o más en muchos casos”. “Por tanto, si la ley de reproducción asistida vigente no recoge diversos supuestos, ¿por qué el Sistema Nacional de Salud sí los impone?”, se cuestionó.
La tinerfeña denuncia que el Sistema Nacional de Salud y, por ende, las diferentes comunidades exponen entre los requisitos para no ofrecer el servicio de reproducción asistida el caso de tener un hijo saludable con la misma pareja con la que se solicita. “Hace 10 años no se le daba la posibilidad de ser madres a una pareja de dos mujeres o a una madre soltera, y ahora sí. También me permitirían acceder a la reproducción asistida si tuviera una pareja nueva y quisiera tener un bebé con mi compañero. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos tres supuestos anteriores y tener un nuevo hijo con mi marido, el padre de mi hija?”, criticó.
Por tanto, también hay parejas estables que tuvieron un hijo siendo jóvenes y ahora con más edad han vuelto a tener interés por tener otro y biológicamente no están pudiendo, “desde la Sanidad Pública no les ayudan. Es una gran discriminación”.
Para dar a conocer esta problemática, que más parejas cuenten su situación y que la Administración rectifique esta exclusión, Jennifer ha abierto una petición en Change.org para que se lleven a cabo cambios en los protocolos de reproducción asistida y fertilidad en la Sanidad pública española, porque no todas las parejas pueden acudir a clínicas privadas. “En la Sanidad privada puedes hacer casi lo que quieras, y si presumimos de Sanidad Pública, no entendemos esta marginación”.
La maternidad es un derecho de las mujeres y de las familias y “la legislación vigente pone en riesgo ese derecho”, denunció. “Impedir que una familia que quiere tener su hijo o hija pueda acceder a la asistencia de la reproducción asistida dentro de la cartera de servicios de la Sanidad Pública es inhumano”, señaló.
“¿Qué diferencia existe entre una mujer que es madre de dos niños, pero tiene problemas para concebir el tercero con su esposo, y si ha cambiado de pareja sí que puede acceder a este servicio? Me siento discriminada por ser madre y por continuar con la misma pareja, pues si yo intentara tener un hijo con otro padre, sí que podría acceder a este servicio sanitario”, reiteró. Por tanto, “no se nos está dando un trato justo a las mujeres o parejas que desarrollan una infertilidad secundaria o problemas relacionados con la gestación”.
En la Sanidad Pública española se permitiría un nuevo hijo en común con la misma pareja, si el menor tuviera alguna enfermedad crónica grave.
Además, en algunas comunidades autónomas hay normativas restrictivas distintas para acceder a la reproducción asistida. En algunas regiones se les niega la posibilidad si son madres solteras, en al menos una docena se excluye por una delgadez o sobrepeso de la mujer, en otras por tener VIH, hepatitis C y otras enfermedades graves con posibilidad de ser hereditaria, o por antecedentes de adicciones y toxicomanías.
Las cifras de natalidad en España siguen una tendencia decreciente, y si queremos que esto cambie, se debería de fomentar el apoyo familiar y la oportunidad por igual de acceder a los servicios sanitarios que faciliten el poder tener los hijos.
Dan 11.986 prestaciones por nacimiento y cuidado en Canarias
La Seguridad Social tramitó un total de 11.986 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor hasta septiembre en Canarias por importe de 71.091.232 euros. De ellas, 6.449 se concedieron en la provincia de Las Palmas y 5.537 en Santa Cruz de Tenerife; 5.778 beneficiaron al primer progenitor (madre) y 6.198 al segundo (padre). Se concedieron 580 excedencias por cuidado familiar, un 1,93% más que en el año anterior, de las que 452 las disfrutaron mujeres y 128 los hombres.
En España se tramitaron 354.618 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en los primeros nueve meses de 2022, lo que supone un aumento del 1,8% respecto a 2021. Del total, 168.286 han correspondido al primer progenitor, habitualmente la madre, y 186.332, al segundo, el padre.
Esta prestación sustituyó a las de maternidad y paternidad el 1 de enero de 2021. El permiso es de 16 semanas para ambos progenitores, un derecho individual y no transferible.
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