Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Caldera de Taburiente han instruido diligencias en las que investigan a una mujer de 50 años como presunta autora de un delito contra la salud pública cometido en un comercio de la zona urbana del municipio de Los Llanos de Aridane, en La Palma.
La investigación se inició el pasado mes marzo, tras tener conocimiento los agentes de la Guardia Civil de una publicación realizada por la ahora investigada en un grupo de una conocida red social de la venta de un producto en un comercio de la localidad de Los Llanos de Aridane.
El producto pudiera ser tabaco oral, prohibida su comercialización en España según lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados.
En cumplimiento de la citada normativa, los agentes del SEPRONA realizaron inspección el pasado 3 de junio en el citado comercio, acompañados por un funcionario de la Dirección Área de Salud de La Palma (Servicio Canario de Salud), comprobando la veracidad de los hechos e interviniendo un total de 725 unidades con un peso total de 13.050 gramos.
Incautación de tabaco oral en Canarias
Comprobada la documentación aportada por la investigada se observó que se realizaron cuatro compras del producto a una empresa de Venezuela con un total de 4.848 unidades con un peso total de 87.264 gramos.
Posteriormente se solicitó informe pericial sobre el producto a la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UT-UCOMA), haciéndolo llegar al SEPRONA y concluyendo que el consumo de tabaco oral aumenta el riesgo de sufrir multitud de enfermedades, exponiendo a las personas a sustancias tóxicas y cancerígenas, e incluso sustancias radiactivas como el Polonio-210.
Por todo lo expuesto anteriormente, se considera a la investigada presunta autora de un delito contra la salud pública, que se encuentra establecido en el artículo 359 del Código Penal: “El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache o suministre, o comercie con ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años”.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Los Llanos de Aridane.
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