La comisión promotora de la Ley de Volcanes, que se presenta mañana en la Universidad de La Laguna (ULL) y busca 15.000 firmar para iniciar su tramitación en el Parlamento, advirtió ayer de que aún quedan muchos afectados por recibir los 60.000 euros comprometidos por el Gobierno central en concepto de indemnización por la pérdida de vivienda a raíz de la erupción volcánica en Cumbre Vieja.
Peor ocurre con los 30.000 euros adicionales anunciados por el Gobierno de Canarias pues 15 meses después solo los ha cobrado el 10% de los afectados, denuncian.
La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Ley de Volcanes de Canarias, impulsada por afectados por la última erupción de La Palma en Cumbre Vieja (19 de septiembre-13 de diciembre 2021), plantea que “la reconstrucción social y económica de La Palma” no concluya “hasta que se sitúe la Isla en la media de la renta per cápita de Canarias”. Los objetivos de la referida Ley son, asimismo, entre otros, “la reconstrucción social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la lava” y garantizar que “la condición de afectado” se mantengan “hasta que se produzca la restitución íntegra ya sea en dinero o en especie de los bienes destruidos por el volcán”.
En estos casi dos años desde la erupción volcánica, añade, “las diferentes administraciones han desplegado un paquete de ayudas y subvenciones para paliar las graves consecuencias sociales y económicas para los afectados por los daños ocasionados por el volcán que ha sido el más destructivo de Europa”. Sin embargo, señala, “estas medidas se han hecho bajo la premisa de ‘todo para los afectados, pero sin los afectados’.
En la nota se recuerda que “el 19 de septiembre de 2021 cambió la vida de siete mil palmeros afectados por el volcán en Cumbre Vieja que durante 85 días, hasta el 13 de diciembre, vieron cómo fueron destruidas sus viviendas, sus fincas, sus empresas y en definitiva el presente y el futuro de sus familias”.
Los promotores lamentan la falta de una ley básica y general que garantice los derechos patrimoniales, urbanísticos, sociales y económicos de los afectados sobre sus propiedades y que de los 600 afectados apenas se haya entregado un centenar de viviendas.
El resto, critican, “han sido casas de madera y los humillantes contenedores marítimos reconvertidos en viviendas que no cumplen con las normas de habitabilidad del Gobierno de Canarias y que constituyen la mejor imagen de la nefasta reconstrucción social del volcán”.
Alertan también de que se han elaborado dos decretos en materia de recuperación residencial y en materia de agrícola pero que “siguen sin aprobarse y publicarse” y entienden que en la administración pública “hay dinero suficiente” para diseñar un plan a cuatro años y “devolver todo lo perdido” a los afectados previa tasación de los bienes perdidos. Los promotores aseguran igualmente que las consecuencias poserupción continúan en la isla, como demuestra que unas 2.000 personas son atendidas por Cáritas.
La futura ley pretende que personas afectadas por otros volcanes que erupcionen en Canarias tengan “garantizados por ley” los derechos sociales y económicos como el derecho al realojamiento en una vivienda digna y “con independencia” de las decisiones políticas que se tomen por los gobiernos de turno.
