Una carta enviada por la empresa pública Visocan en pleno cambio de Gobierno ha trastocado la vida de la familia que forman J.R. y G.M. en el edificio Chimbesque de San Isidro, en Granadilla de Abona. La comunicación no deja lugar a dudas, pese a que ella mantiene la esperanza de tener el próximo lunes una reunión que dé una solución a las siete personas que conviven en el inmueble y que, según explica, además de ella y su marido, son sus cuatro hijos y la pareja de uno de ellos. En total, además de menores de edad, tres de los miembros de la unidad familiar cuentan con alguna discapacidad.
Menores y personas con discapacidad suele ser un muro contra los desahucios, al menos en circunstancias normales. “Se supone que es un muro, pero a mí el muro se me está derrumbando”, explica en una conversación telefónica en el que narra la situación de esta familia a la que, en principio, se le da de plazo hasta el 24 de noviembre para dejar el piso.
Coincide con su hijo en que no se niegan a pagar a Visocan las cantidades que adeudan y que son “un par de meses de retrasos”, pero cofía en la ayuda del resto de la familia para saldar la deuda después de que, en 2015, les fuera adjudicada la vivienda en régimen de alquiler social, cuya renta asciende a 385 euros al mes.
“Desde que mi marido enfermó y se puso peor, los pagos han sido más irregulares y se han ido acumulando los retrasos”, admite J.R., quien, sin embargo, advierte de que “si yo veo que, al final, me van a echar a la calle, la voy a armar”, quien asegura que, en el caso de tener que dejar el edificio de 36 viviendas de Visocan, buscará otra casa, sea cuales sean las circunstancias de las mismas.
La familia no dispone de grandes ingresos y su hijo desgranaba que la unidad vive con una ayuda por dependencia, una pensión no contributiva, así como diferentes ayudas por las situaciones de discapacidad que conviven en la vivienda. En total, en torno a unos 1.400 euros al mes.
Ella asegura que ha tratado su caso con trabajadores sociales y que estos han tratado de tranquilizarla asegurándole que la misiva de Visocan no busca otra cosa que presionar para que se proceda al pago de las cantidades pendientes o, al menos, la búsqueda de algún tipo de solución.
Este periódico trató ayer de recabar la versión de la empresa pública acerca de este posible desahucio sin éxito, ya que la entidad se encuentra en pleno proceso de transición entre dos Gobiernos.
Visocan es una entidad que tiene este carácter público y que está adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Obras y Vivienda, al menos en la actualidad, cuyo consejero ocupa el puesto de presidente de su Consejo de Administración. De este, además, forman parte la directora del Instituto Canario de la Vivienda, el consejero delegado de Visocan, así como el secretario general técnico de Vivienda.
“No hemos practicado desahucios en los últimos años”
Si bien no fue posible recabar la versión de Visocan, el hijo de J.R., aseguró que esperan poder celebrar una reunión este lunes para evitar el desalojo de la vivienda, mientras que fuentes cercanas a la entidad explicaron que “al menos en los últimos años, no hemos practicado ningún desahucio”.
