Disponer de un sistema de depuración de aguas completo y evitar los vertidos al mar tiene un coste que, en el caso de Granadilla de Abona, pasará de los dos euros actuales que se pagan al año por la tasa de alcantarillado y depuración de aguas a un total de ocho, según el cálculo que ha realizado la Corporación en el marco de su objetivo de vertidos cero de cara al año 2025, según explicó el concejal del área Servicios Públicos Municipales y Transición Ecológica del Ayuntamiento, Marcos Antonio Rodríguez.
El municipio ha venido sufriendo en los últimos años numerosos cierres de playas debido a los episodios de contaminación del agua de baño registrados en los análisis que se realizan, una situación con la que se pretende acabar con una inversión que, en la actualidad, supera los 40 millones de euros en la depuradora de Los Letrados, que entrará en funcionamiento en 2024; la estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales (Etbar) de Ensenada Pelada; la estación depuradora de aguas residuales industriales (Edari) del polígono industrial, y los colectores de medianías de Charco del Pino y Granadilla y bombeos e impulsiones desde la costa.
El primer paso en el que se trabaja es en la cesión de la gestión de todo este sistema al Consejo Insular de Aguas, de modo que no tenga carácter meramente municipal, como sí ocurre en otros lugares, donde las infraestructuras de depuración, y entre ellas los emisarios, dependen de los ayuntamientos.
“Este va a ser un gran cambio. De tener dos emisarios vamos a pasar a no tener ninguno”, explica el edil, quien asegura que los que hay en la actualidad, ubicados frente a la playa de Pelada y en Los Abrigos, “quedarán como simples aliviaderos, que son necesarios siempre. Todo ello va a significar una situación de residuos cero en el municipio”, agrega Marcos Antonio Rodríguez.
“La depuradora estaría en pruebas durante todo el año 2024 y, posteriormente, entrará en funcionamiento -advierte-, lo cual va a ahorrar al conjunto de la ciudadanía 650 euros en sanciones impuestas por la Unión Europea” a España en una sentencia por los vertidos al mar de aguas sin tratar.
No obstante, y pese a que está previsto que la tasa se incremente de dos a ocho euros, el edil explica que este coste será menor cuantas más personas haya conectadas a la red y, por tanto, lo que pague el Ayuntamiento anualmente al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) se reparta entre más contribuyentes.
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