El PP se queda sin respaldo en la devolución de sueldos en Güímar

Auténtico galimatías el desarrollo del pleno extraordinario de ayer en Güímar, a petición del PP, para la devolución de dos nóminas (julio y agosto de 2021) del alcalde y de tres ediles de Güímar, al determinar una sentencia del TSJC que eran nulas por no llevarse a pleno los cambios de delegaciones.

Los informes jurídicos de Secretaria y los de Intervención no respaldaron la petición del PP sobre la devolución de nóminas, aunque finalmente le procedió a la votación -votando los propios ediles implicados en la nómina-, con los votos en contra de los 11 concejales del grupo de gobierno, incluido el de Nayra Caraballero (Unidas Sí Podemos), y los ocho en contra de los ediles populares presentes en el salón de plenos.

En el pleno extraordinario se tomó conocimiento de la sentencia número 425/2022 que declara nulos los decretos de autorización de las nóminas de los meses de julio y agosto de 2021 de los cuatro concejales referidos (Gustavo Pérez, Airam Puerta, Juan Delgado y Cándido Gómez). El PP insiste en que pedirá la intervención judicial tras negarse el gobierno tripartito a devolver los sueldos anulados por sentencia firme.

A juicio de la jurista municipal, la sentencia ha sido ejecutada y se le ha dado cumplimiento sin que sea preceptiva la devolución económica de las nóminas, aunque se realizarán expedientes individualizados para saber si procede la devolución.

Según se explica desde el grupo de gobierno, “tanto el alcalde como los concejales afectados desarrollaron con normalidad sus funciones públicas, su trabajo y no hubo mala fe alguna a la hora del dictado de los decretos que, posteriormente, fueron declarados nulos en el ámbito administrativo. Por tanto, todas las nóminas han sido avaladas por los informes favorables de recursos humanos, intervención y secretaría municipal, no existiendo cobros indebidos o superiores por parte del alcalde y de los tres ediles. La Administración incurriría en un enriquecimiento injusto si se procediera a la devolución de dichos cobros”.

“A pesar de que los informes pedidos por el propio PP no le dan la razón, ha insistido en que se sometiera a votación un asunto que no se sostiene ni a nivel de intervención ni jurídico”, señaló el alcalde, Gustavo Pérez.