El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, firmó ayer una instrucción para que, con carácter inmediato, los servicios jurídicos del Ayuntamiento exploren cualquier vía judicial posible al alcance para “tumbar” la ley de amnistía y evitar que se tramite o se aplique por considerarla ilegal. Así lo anunció en una rueda de prensa en la que ha querido recordar que el pasado 29 de septiembre el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción en contra de la Ley de Amnistía que fue apoyada por todos los grupos políticos de la Corporación, excepto por el Partido Socialista.
En su intervención, José Manuel Bermúdez indicó que esta moción no solo recoge el sentir de la mayoría representada en el Ayuntamiento, sino también de una gran parte de la ciudadanía (magistrados, notarios, jueces, abogados, colegios profesionales, colectivos sociales y económicos) que públicamente ha manifestado su rechazo “absoluto” a esta proposición de ley orgánica que finalmente fue registrada por el PSOE el pasado lunes sin que todavía haya Gobierno.
“Es mi obligación procurar el cumplimiento de las mociones aprobadas por el pleno y hacerlas valer en las instancias que correspondan y, sobre todo, es mi deber como alcalde actuar en la defensa del bien común, de la ciudadanía a la que me debo, de la Constitución que juré y de los principios democráticos que la inspiran”, remarcó Bermúdez.
El alcalde nacionalista sostuvo que esta ley “atenta contra el Estado de derecho” y, si bien se opone “radicalmente” a la judicialización de la política, sí dejó claro que defiende la separación de poderes y la igualdad entre los ciudadanos del Estado español”. Considera, además, que la aplicación de la ley de amnistía va en contra del Estado de derecho, porque “pretende construir un relato y destruir una realidad: que hubo un juicio, una sentencia y unos condenados, lo cual se pretende revertir desde el Poder Ejecutivo inmiscuyéndose en la Justicia”.
Bermúdez admitió que seguramente no será el único alcalde que se ha manifestado en contra de la amnistía ni el primer Ayuntamiento, pero sí cree que es el primero en ir “más allá” al proponer la búsqueda de todos los instrumentos legales para hacer frente a “este atentando contra el Estado de derecho”.
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