“Cuando digo que preparemos velas en el futuro por los ceros energéticos, hablo totalmente en serio”

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, Carlos Medina, no se anda con chiquitas. Al menos en lo que respecta al sistema eléctrico de las Islas y los riesgos para el futuro se muestra tajante desde hace tiempo: “Cuando digo que preparemos velas en el futuro por los ceros energéticos, voy totalmente en serio”, afirma.

-Lleva años advirtiendo de los riesgos del sistema eléctrico por la obsolescencia de los generadores (muchos ya caducados: 47 de 93) y culpa a los que han gobernado, pero ¿algunos dirigentes tienen más responsabilidad?
“A escala estatal, el PP es responsable, por acción, del galimatías jurídico que constituye la parte de la legislación del sector eléctrico que afecta a Canarias; el PSOE, responsable por omisión, por no haber modificado dicha normativa y no dignarse siquiera a aplicarla. A escala autonómica, CC y sus socios de gobierno en distintas etapas, por crear un sistema burocrático infernal que obstaculiza el desarrollo de las renovables; el PSOE y sus socios del Pacto de las Flores, por haber ocultado a la opinión pública la grave situación de vulnerabilidad y dedicar toda esa legislatura a vender humo sobre las renovables”.

-¿La clave fue esa Ley de 2013; fue mal concebida para las Islas al no atender a sus singularidades o el problema es que no se haya cumplido?
“Son las dos cosas. Fue mal concebida porque pretendía ingenuamente impulsar una mayor competencia, ignorando que en los sistemas eléctricos insulares, pequeños y aislados, no existen problemas de competencia por cuanto la retribución de las plantas generadoras es regulada. En este sentido, las empresas no vienen a competir, sino a quedarse con un trocito del monopolio natural. En segundo lugar, aun siendo una ley nefasta, ni siquiera la han aplicado, aparte de por desidia del Ministerio, porque el operador del sistema no advirtió de la necesidad de disponer de potencia adicional para garantizar la cobertura de la demanda hasta entrado el año 2021”.

-¿Servirá de algo la declaración de emergencia energética o es pura cosmética?
“Su texto es, en su mayor parte, una pura y simple declaración de intenciones políticas, sin efectos jurídicos, excepto en lo referido a que puede servir de base para la tramitación, con carácter urgente, y con la correspondiente reducción de plazos, de los procedimientos administrativos vinculados a las actuaciones de esa emergencia. Si existe voluntad política de llevarlo a cabo, sí podría ser de gran utilidad. Sin embargo, habrá que ver qué normas (sectoriales, ambientales y urbanísticas) admiten estas excepcionalidades y cuáles no”.

-Da por hecho que habrá más ceros como los de Tenerife o La Gomera y no puede prever dónde ni cuándo, pero ¿hay islas con más riesgos?
“En efecto, los habrá, pero no puede determinarse ni en qué isla ni cuándo. Las que más preocupación causan son, evidentemente, Tenerife y Gran Canaria, por sus poblaciones y el número de turistas. Dos aspectos que se pasan por alto, y que deben tenerse en cuenta, son la posible duración del cero (unas pocas horas en un día sería un desastre y tres días, como en La Gomera, una catástrofe) y que en Lanzarote y Fuerteventura se comprometería de forma muy severa el suministro de agua”.

-Suele recordar que los procesos para renovar grupos tardan unos ocho años: ¿hasta 2032 no se podrá ver nada? ¿Cómo actuaría de gobernar?
“Estamos en el límite. Si el procedimiento de concurrencia competitiva no se activa a principios de 2024, no llegamos. Yo empezaría adoptando cuatro medidas. De la más sencilla a la más compleja: simplificación del procedimiento 3.158, existente en la sede electrónica del Gobierno canario, para la comunicación previa a la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión; derogación del absurdo, nefasto y obsoleto Decreto 141/2009, por el que se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para la ejecución de instalaciones eléctricas en Canarias; aprovechar la declaración de emergencia energética para la aplicación sistemática del artículo 6.bis de la Ley 11/1997, de regulación del sector eléctrico con todos sus efectos jurídicos y, por último, modificación de la normativa ambiental, eximiendo a las instalaciones de energía renovable de la evaluación ambiental, con independencia de su tamaño, potencia o características”.

-Irónicamente (¿o no?) ha dicho que preparemos velas …
“No es ironía ni una broma. Va totalmente en serio”.

-¿Qué haría para reducir la burocracia y normas: ironiza con “descarburocratización”?
“La burocracia contamina porque cada día de retraso de una autorización de un parque eólico o de una instalación fotovoltaica hace que no se haya impedido la emisión del volumen de CO2 o gases de efecto invernadero que esas instalaciones renovables habrían evitado. Por tanto, la descarburocratización de la economía no es ironía, sino la reducción de las emisiones de CO2 (descarbonizar) mediante la simplificación administrativa (desburocratizar). Además de las medidas que dije antes, pediría ayuda externa, a los profesionales que saben de qué va esta materia. La tarea de simplificación es titánica. Requiere de un conocimiento detallado de la normativa y de una dedicación absoluta. La administración carece de medios personales, tanto a nivel directivo como funcionarial. A escala directiva, simplemente ignoran el problema, hasta el punto de que he escuchado a muchos políticos quejarse de la burocracia. Surrealista: ¿no son ellos y las administraciones que dirigen los únicos que tienen la potestad de crear normas y/o modificarlas? A escala funcionarial, los técnicos y jurídicos están desbordados por el día a día y no tienen visión a largo plazo”.

-¿Ve voluntad política y recursos para eso?
“No. Los responsables políticos ignoran por completo el marco regulatorio de aplicación, lo que les impide identificar los obstáculos que ralentizan el despliegue de las renovables. Por otro lado, muestran una nula iniciativa para impulsar el cambio normativo necesario y carecen de liderazgo para organizar sus propios departamentos de forma eficaz. Además, el cuerpo de funcionarios, en muchas ocasiones, realiza sus particulares interpretaciones, siempre restrictivas, de la normativa en vigor”.

-Se dice que ya es tarde para el gas y que la apuesta por las limpias ha de ser más contundente, pero ¿es suficiente? Asegura que lo de ser sostenibles en 2040 es una utopía…
“Descarbonizar la economía canaria en 2040 no es una utopía, sino un objetivo político que no está a nuestro alcance. Es física, técnica, económica y administrativamente imposible. El gas se planificó en el PCAN de 1989. Íbamos a ser pioneros en España en la implantación de ciclos combinados. Estamos en 2023, y el gas ni está ni se le espera. Al ritmo que vamos, tardaremos cuatro o cinco décadas en lograr ese objetivo de la descarbonización”.

-¿Qué velocidad de renovables sería ideal y viable?
“En Canarias, se habrán instalado hasta ahora unos 1.000 MW de origen renovable. Si tenemos en cuenta que más del 50% de los 2.500 MW (aproximadamente 1.250 MW) de la potencia gestionable de categoría A (centrales térmicas) está obsoleta por haber superado su periodo de vida útil regulatoria, tenemos que la tasa de reposición es inferior a 1/1. Conclusión: estamos perdiendo potencia y poniendo en riesgo la fiabilidad del sistema. La tasa de reposición prevista por el PTCAN es de 4,8 / 1. Es decir, debo instalar 4,8 MW de origen renovable por cada MW que retiro del sistema convencional. No hay una tasa ideal de reposición. Todo depende de la planificación que se quiera. La única premisa es que esta tasa no puede poner en riesgo la fiabilidad del suministro”.

-¿Habrá almacenamiento y redes adecuadas en el futuro?
“Los habrá pero todo va muy lento. El almacenamiento a pequeña escala (baterías en viviendas unifamiliares, por ejemplo) es una realidad. A media escala, en infraestructuras conectadas a red para exportación de energía eléctrica (comunidades energéticas, por ejemplo), se está empezando a implantar, aunque muy tímidamente por ausencia de normativa de cobertura. A gran escala, solo tenemos la estación de hidrobombeo reversible de Salto de Chira, en Gran Canaria, no operativa sino en fase de ejecución, pero preocupa seriamente Tenerife, en donde este tipo de instalación es absolutamente necesaria para la penetración de las energías renovables y aún no está ni sobre el papel. Por el lado de las redes, tanto Endesa como Red Eléctrica encuentran enormes dificultades para ejecutar sus inversiones en nuevas líneas y refuerzo de las existentes como siempre, por chocar contra la ordenación del territorio”.

-A pesar de las condiciones climáticas canarias, que suelen presentarse como las mejores del mundo, alerta del problema del territorio para aprovechar las renovables: ¿hasta qué punto es un obstáculo?
“Hasta el punto de que parece que la única forma de implantar en el territorio canario las instalaciones de generación renovable que necesitamos es a martillazos, mediante la aplicación de ese artículo 6.bis, obligando a cabildos y ayuntamientos a modificar sus impermeables y refractarios planeamientos”.

-Muchos especialistas ven en el hidrógeno verde la solución: ¿lo comparte?
“Le respondo de forma muy sencilla: la planta de producción de hidrógeno verde de Lloseta, en Mallorca, primera en España, no funciona. El hidrógeno podrá ser, seguramente, un actor importante en la transición energética, sobre todo como tecnología de almacenamiento, pero aún está eso, verde: es muy caro, de difícil manejo y no está implantado a escala industrial”.

-¿Y las conexiones marinas como la de Tenerife y La Gomera? Garantizan un poco más de cobertura pero sin ser la panacea: ¿la planificación ha sido desastrosa?
“Las interconexiones submarinas son necesarias. Aportan mayor robustez y fiabilidad al sistema, pero no garantizan la fiabilidad 100%, y más cuando en Tenerife, para 2028, el déficit de potencia será de 500 MW y, encima, tendría que atender a La Gomera en caso de cero energético en esa isla. La planificación de las redes de transporte no ha sido desastrosa, sino lenta en su ejecución. La planificación energética, en general, no es que haya sido desastrosa, simplemente no existe. El PTCAN no está aprobado aún y, probablemente, no se apruebe en esta legislatura.

“La Ley Canaria contra el Cambio Climático es un ladrillo inaplicable”

Carlos Medina denuncia desde hace tiempo que el Archipiélago es de los lugares que más contaminan con la energía y considera que la Ley Canaria contra el Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada en la legislatura anterior (6/2022, de 27 de diciembre), y a la que solo se opuso el PP, “es un ladrillo y, además, inaplicable. No sirve para nada. La derogaría en su totalidad excepto su disposición final cuarta, que establece un mandato a todas las administraciones públicas de Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para establecer las normas adecuadas para simplificar y agilizar la ejecución de los proyectos de energías renovables y su conexión a las redes energéticas”.