El Gobierno de Granadilla de Abona -compuesto por PSOE y PP- no está dispuesto a que el sector del taxi del municipio, así como el de San Miguel de Abona, pague el pato de lo que la alcaldesa Jennifer Miranda considera “las colas diarias que sufre la ciudadanía del Sur”, por lo que aprobó una moción en la que muestra su apoyo al protocolo de actuación que ha presentado la asociación del taxi del municipio y rechaza la declaración del aeropuerto del Sur como zona sensible.
La moción se convirtió en institucional al contar, finalmente, con el respaldo de las demás fuerzas políticas, incluida CC, que en este asunto no ha apoyado a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, partidaria del cambio.
El protocolo que tiene el respaldo de la alcaldesa, presentado al Ayuntamiento por la Asociación de Autotaxis de Granadilla de Abona, cuyas principales directivas asistieron en persona al pleno, establece que, en el caso de que se produzcan colas que superen los 20 minutos de espera en el aeropuerto, entren en servicio las unidades de Granadilla y de San Miguel que no estén de guardia.
Y que, si estas no fueran suficientes, las de otros municipios, como Arona o Adeje, pudieran recoger pasajeros cuando fueran a dejar a otros.
Fuentes oficiales recordaron ayer a este periódico que “el objetivo del grupo de gobierno es que la propuesta de declaración de zona sensible no se apruebe”, al tiempo que recordaron que la Ley de Transporte sufrió una modificación que “obliga a los cabildos a elaborar un estudio socioeconómico antes de declarar un puerto o aeropuerto como zona sensible. Eso es algo que, por tanto, no se puede hacer de hoy para mañana. De ahí el apoyo a este protocolo de actuación, que es importante para el municipio y para el sector del taxi”.
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