La Justicia obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz a reducir la jornada laboral a una policía para el cuidado de su hijo

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Santa Cruz de Tenerife ha obligado al Ayuntamiento capitalino a conceder la reducción de jornada del 50% a una policía local para poder cuidar de su hijo, afectado por enfermedad psiquiátrica grave debido a un autismo severo.

La sentencia pionera, que sienta precedente, confirma no solo la obligación del Ayuntamiento a ajustarse a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público – que regula el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, donde el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de la jornada laboral percibiendo las retribuciones integras con cargo a los presupuestos del órgano donde venga prestando sus servicios-, sino que también condena en costas a la Corporación.

La demandante, Beatriz M.G, explicó a DIARIO DE AVISOS que su lucha ha durado dos años, desde el 2 de noviembre de 2021 hasta mediados de octubre de 2023, fecha en que ha podido comenzar con la reducción laboral solicitada tras los recursos interpuestos por los servicios jurídicos del Ayuntamiento a la primera sentencia, con fecha de 24 de julio de 2023.

Una larga batalla contra el área de Recursos Humanos de la Corporación, cuyo jefe (ya jubilado) decidió desestimar en 2021 la solicitud de Beatriz. “En ese entonces hubieron técnicos que sí quisieron apoyarla, pues iba amparada en informes que avalan la enfermedad psiquiátrica grave por autismo severo y trastorno de conducta de mi hijo, el cual hoy tiene 11 años de edad. Pero la negativa del responsable del área de recursos humanos, que reconocía la enfermedad pero alegaba que el niño estaba escolarizado y, por tanto, no fundamentaba mi petición, me llevó a ir a la Justicia con el respaldo del sindicato policial Asipal”, comentó la afectada.

Una vez el caso llegó a los tribunales, en julio se dictó sentencia a favor de Beatriz, pero desde el Ayuntamiento se recurrió, hasta que finalmente el juez dictó sentencia en firme, agotando la vía administrativa para cualquier otro recurso. El pasado 11 de octubre, el Servicio de Gestión municipal de Recursos Humanos comunicó que acataba el fallo.

Beatriz comentó que su solicitud tuvo su origen cuando fue trasladada desde la Unipol a operativas, teniendo nuevos turnos de trabajo que impedían poder atender a su hijo en horario diurno. “Mi hijo es como un bebé en un cuerpo grande y necesita no solo de cuidados específicos, sino de alimentación y terapia concreta. Aunque mi marido y mi madre me ayudan, es mi deber como madre atenderlo”, subrayó.

Ella no se siente una madre coraje, a pesar de que este largo proceso le ha provocado episodios de ansiedad. “Me ha tocado luchar y no hay más remedio que hacerte fuerte, pero si mi caso sirve para ayudar a otros padres en situaciones similares, pues habrá valido la pena”, afirmó.

Por su parte, Juan Pedro Cruz, secretario general de Asipal, añadió que “los servicios jurídicos del sindicato, a través de sentencia, lograron anular y dejar sin efecto la resolución de 23 de marzo de 2022 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en la cual se le negaba a esta madre funcionaria un derecho reconocido para cuidar de su hijo con enfermedad grave”.

Mala praxis

Cruz indicó que “el menor con una discapacidad reconocida del 71% y grado III de dependencia necesita de un cuidado directo y continuo. La agente presentó la solicitud para acogerse a este derecho el 29 de noviembre del 2021 y compaginar junto con el padre del niño dichos cuidados. Pero el Ayuntamiento se la denegó con informes contradictorios, por lo que se vio obligada a denunciar este pisoteo ante los tribunales”.

“La mala praxis de la Administración en este caso ha tenido, finalmente, su recompensa y gracias a esta sentencia pionera se marca el paso para que otros funcionarios sepan que no están solos”, afirmó Cruz.

Mientras, la concejala de Recursos Humanos de Santa Cruz, Purificación Dávila, dijo que el Ayuntamiento “no solo acata y respeta el fallo judicial, sino que lo comparte. La Policía ya ha aplicado la reducción a la agente y ha puesto en marcha medidas para que pueda compatibilizar su situación familiar con la laboral”.