El área de Ciudad Sostenible, Participación y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha dictado un decreto para proceder a la ejecución subsidiaria del edificio Iders, ubicado en la Familia Betancourt y Molina, después de haber sido declarado en estado de ruina inminente en julio de 2022.
En 1991 sus propietarios fueron desalojados debido a que un informe advertía del riesgo por aluminosis, desde ese momento, el inmueble quedó en el más absoluto de los abandonos por parte de las sucesivas corporaciones, convirtiéndose en una vergüenza para el municipio y en un continuo malestar para los vecinos y comerciantes de la zona.
Fue el equipo de gobierno anterior el que dio el primer paso para que esta situación se revirtiera cuando en julio de 2022 desalojó a las personas que todavía vivían allí como ‘okupas’ debido al grave peligro que suponía por los daños estructurales del inmueble, y soldó las puertas para impedir nuevos accesos.
A partir de ese momento se inició un proceso con los propietarios para ofrecerles solución y poner fin a más de 30 años de abandono. Una batalla que se va ganando poco a poco.
Ahora, el citado decreto permite proceder a la ejecución subsidiaria al finalizar el plazo dado a la propiedad para ejecutar las actuaciones que se desprenden de la declaración de ruina inminente en los plazos que marca la ley y que no se han cumplido. Por este motivo, el Ayuntamiento “ha tenido que tomar partido y hacerse cargo de manera voluntaria de las diferentes fases que quedan por ejecutar del proceso”, confirma a este periódico el concejal del área, David Hernández.
Lo ha hecho después de desestimarse todas las alegaciones presentadas por los dueños de las viviendas, un total de 22, debido a que en su mayoría contenían el mismo razonamiento y no aportaban ningún valor añadido a los criterios utilizados para que el inmueble fuera declarado en ruina inminente ni tampoco ningún documento firmado por técnico competente que contradiga lo expuesto en el informe del arquitecto municipal.
En el decreto se recoge el incumplimiento del deber de conservación, sin entrar a valorar los motivos que lo han ocasionado. De las cuatro medidas contempladas en la declaración de ruina inminente solo se han cumplido dos, el desalojo y el vallado, ambas ejecutadas por el Ayuntamiento. Quedan pendientes por ejecutar la eliminación de las redes y puntales de la fachada principal del edificio; la limpieza y desratización; la redacción del proyecto técnico de demolición, que incluya el estudio de seguridad y salud y el de gestión de residuos; y los trabajos de demolición. Todos estos trabajos tienen un coste que asciende a 1.183.137 euros y los asumirá el Ayuntamiento con el posterior cargo a los titulares del Iders.
“Ahora está todo en manos del Ayuntamiento, aunque para una ejecución subsidiaria, se puede empezar a contratar, no es necesario la aprobación de un presupuesto. Empezaremos por el apuntalamiento de algunas zonas para que se pueda asegurar el espacio y entrar a limpiar sin inconvenientes. De forma paralela se contratará la redacción del proyecto de demolición. Tengo providencia dictada para que el área de Ciudad Sostenible empiece a trabajar ya”, subraya David Hernández.
En este sentido, el edil añade una salvedad importante: “si en el intervalo de contratación del proyecto la propiedad presenta uno, cabría la posibilidad de que el Ayuntamiento lo recepcionara y no lo tuviera que contratar”.
En cualquier caso, lo importante es que se llevará a cabo, por una y otra parte y que “este procedimiento no tiene marcha atrás”, subraya.
“Es una muy buena noticia, nunca se había llegado hasta aquí”
“Es una muy buena noticia porque nunca se había llegado hasta aquí”, asegura el concejal David Hernández. “Desde hace más de 30 años que se han intentado dar pasos pero no se han concretado. Ahora tenemos un decreto que cumplir, no hay marcha atrás, y asumimos toda la responsabilidad”, remarca.
A partir de ahora, el área que dirige inicia los trámites para que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo otorgue la autorización para llevar a cabo todas las acciones pertinentes que se derivan de la declaración de ruina inminente cuya fase final será la demolición del inmueble.
No obstante, el edil sigue siendo muy prudente con los tiempos y prefiere no dar plazos ya que hay que sacar dos licitaciones importantes, la redacción del proyecto de demolición y los trabajos de demolición. “Y ello no solo depende del área de Ciudad Sostenible sino también de la Unidad de Contratación del Ayuntamiento”, matiza.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas