El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, acompañado por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, presentó ayer el decreto-ley de medidas en materia agraria para la recuperación económica y social de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
Concretamente, se trata de un documento que, como explicó, “constituye una estrategia que permite acortar plazos y que tiene como objetivo favorecer y ayudar a la recuperación de la máxima superficie de cultivo posible y que el mayor número de agricultores afectados, que llegan a 600, retomen esta actividad”.
Durante su intervención, señaló que para este fin se han delimitado distintas zonas, unas en las ya es posible la reconstrucción de áreas de cultivo y construcciones, otras en las que es factible la recuperación del terreno de cultivo y pequeñas instalaciones, mientras que la de las infraestructuras de mayores dimensiones precisará de un informe técnico, una tercera en la que, debido al riesgo de colapso, será necesario esperar a que un informe científico avale la seguridad de dichos espacios.
Y la última, “muy pequeña, que corresponde al antiguo acantilado y nunca ha sido cultivada, que no podrá utilizarse debido a la pronunciada pendiente que presenta el terreno”. El miembro del Ejecutivo canario explicó que esta normativa da respuesta a las necesidades de la mayoría de agricultores afectados, “pero también se estudiarán los casos particulares para no dejar a nadie atrás”.
Para ello, como apuntó Quintero, el Gobierno valora “el establecimiento de un equipo técnico permanente en la isla para asesorar a los productores y facilitar la recuperación”.
El consejero recordó también que la semana pasada la Comisión Europa comunicó al Ejecutivo canario que acepta el mantenimiento de las ayudas Posei a los agricultores afectados por la erupción volcánica de La Palma, propuesto por el Gobierno de Canarias en una reunión celebrada en Bruselas con el equipo responsable de la gestión de este programa, en noviembre de 2023.
“La prórroga de estas compensaciones se ha confirmado hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que disponemos de dos años más de lo inicialmente previsto”, agregó.
Por su parte, la consejera Barreto destacó que este documento forma parte de la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias se ha marcado para la recuperación de La Palma y que comprende una parte normativa y otra económica. “Se suma, por tanto, al decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completará próximamente con el de vivienda pública y otro tipo de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros -50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado-”, indicó.
La zona de cultivo preexistente se ha determinado a partir del mapa de cultivos de La Palma, que recoge una superficie total de 365 hectáreas desde la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas. Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes. Para ello será necesario depositar sobre la superficie de la colada un relleno (sorriba) para que actúe como capa de baja o muy baja conductividad térmica (tierra vegetal, biomasa) con el fin de asegurar la viabilidad de las plantaciones que se realicen.
INFORME GEOTÉCNICO
El documento presentado señala que en aquellas zonas incluidas en el ámbito agrario en las que se han detectado determinados elementos geomorfológicos susceptibles de sufrir colapso, su recuperación estará condicionada a la comprobación previa de la seguridad de estas zonas mediante un informe geotécnico que verifique la estabilidad del terreno.