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Afectados por el desalojo de Arona: “Nuestra única salida es vivir en la calle, no tenemos dónde ir”

La mayoría de los desalojados del edificio Chasna asegura no disponer de un lugar para dormir; la orden del Juzgado 3 de Arona se ejecutó ayer entre grandes medidas de seguridad
Una de las familias desalojadas, rodeada de sus enseres, tras abandonar el edificio. | D. Carballo

En torno a las ocho de la mañana, hora y media antes del momento fijado para llevar a cabo el desalojo de las 210 personas, pertenecientes a 90 familias, del edificio a medio construir conocido como Chasna 8, en Costa del Silencio (Arona), las calles vivían el frenético paso de los coches de las fuerzas de seguridad. Unos 50 agentes de la Guardia Civil comenzaron a custodiar el inmueble y, posteriormente, a recorrer sus pasillos, tocando puerta por puerta para sacar a sus ocupantes.

La mayoría de ellos fueron previsores y salieron antes de sus viviendas, con sus pertenencias a cuestas, y se asentaron con ellas en los aledaños. Otros, sin embargo, esperaron hasta el último momento, cuando los policías comenzaron a cerrar los pasillos del inmueble, lo que les imposibilitó recoger sus enseres.

El desahucio, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Arona “por los problemas estructurales de la construcción, que tiene riesgo de derrumbe”, como explicó a este periódico, hace días, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento aronero, Ruth Martín, finalmente no se pudo paralizar, a pesar de que la alcaldesa, Fátima Lemes, solicitó el lunes, al Juzgado, unos días de plazo para darle más margen de maniobra a los vecinos.

La propia regidora confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que, “tanto la edil de Servicios Sociales como yo, nos personamos el lunes en el lugar y los afectados nos pidieron tiempo para poder sacar sus pertenencias, a pesar de que hacía más de un mes que eran conocedores del desalojo. Nosotras solicitamos ese aplazamiento, pero no se ha podido dar”.

Ayudas de emergencia

Ante la negativa de la prórroga, Lemes comentó que, para ayudar en la medida de lo posible a las familias afectadas, “se personó a primera hora de la mañana (ayer para el lector) en el lugar Ruth Martín, junto al equipo de servicios sociales, para proporcionar asistencia. Tanto personal de Cruz Roja como varios psicólogos atendieron caso por caso para conocer de primera mano cada situación. Estamos tratando de flexibilizar las ayudas de emergencia social y hemos pedido asistencia al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias para intentar encontrar soluciones lo antes posible”.

En cuanto a los menores, que son la prioridad del Consistorio, la regidora enfatizó que “lo que más nos preocupa ahora son los más pequeños. Estamos intentado buscar una alternativa para que no tengan que quedarse en la calle. Trataremos de acogerlos y, si los padres no quieren separarse de ellos, buscaremos un alojamiento temporal para el menor y su madre”.

Además, puso en evidencia el claro problema de vivienda que existe en la Isla: “Hay más de 200 personas y no tenemos alternativas habitacionales. Hay gente trabajadora que no tiene recursos suficientes y otras en situación irregular que han venido libremente. El desalojo se da por el problema estructural. La intención es derrumbar el edificio, porque corre el riesgo de desplome inminente”.

Afectados

En el lugar, los nervios eran patentes. Tras la salida de todos los vecinos, algunos gritaban desesperados a los agentes; otros, sin embargo, esperaban resignados junto a sus enseres. Es el caso de Joaquín, un joven del municipio de Adeje que residía en el edificio junto a su mujer y su hija pequeña. “Desde las siete de la mañana, los agentes llegaron a la zona y, en diez minutos, montaron el dispositivo. Nosotros nos adelantamos y pudimos sacar nuestras pertenencias”, explicó a este periódico.

El tinerfeño, que trabaja como ayudante de cocina en un hotel en la zona sur, manifestó que, tras la pandemia de la COVID, tuvieron que abandonar la casa que tenían alquilada en Adeje porque su propietario les presionó: “Nos cortaron el agua y no tuvimos más remedio que dejarla. Mi madre, que también se quedó sin vivienda, nos contó que este edificio estaba abandonado, así que nos metimos a vivir aquí”. El joven lamenta que no puede costearse un alquiler por los elevados precios y por las condiciones que le piden: “No nos dan la posibilidad de poder acceder a una vivienda”.

En el caso de esta familia tinerfeña, no dormirán en la calle porque un allegado les va a dar cobijo: “Tenemos una niña pequeña y no nos han ofrecido ningún techo para alojarnos. Por suerte, un familiar nos ha permitido quedarnos en su casa. Conviviremos seis, pero, al menos, no estamos en la calle”.

El caso de Daniela es bien distinto. Esta joven colombiana, de 22 años, vivía en el inmueble junto a su marido, un bebé de solo 40 días y su perro. “Estamos esperando si nos abren alguna puerta, porque no tenemos a dónde ir”, dijo a este periódico. “Llevamos un año en el edificio. Poco a poco, acondicionamos la casa para poder vivir en ella. Nosotros no tenemos trabajo y no podemos pagar un alquiler”. Asimismo, Daniela indicó que, por ahora, no tienen ningún tipo de solución: “No nos han ofrecido ayuda. Teníamos la esperanza de que se arreglara esta situación, pero nos han recalcado que no hay alternativas”.

Otra de las desalojadas es Nora Elena y su marido, ambos colombianos: “Llevamos en el edificio nueve meses. Al principio, no tenía agua, luz ni baño, así que lo arreglamos para poder vivir aquí”. La mujer, de mediana edad, cuenta que su esposo trabaja en la construcción, pero no pueden pagarse un alquiler por la escasez de vivienda y los altos precios: “Nos han dicho que no hay alojamientos, nuestra única salida es vivir en la calle, así que tenemos la intención de quedarnos por fuera del edificio con nuestras pertenencias, que las sacamos esta mañana bien temprano, antes de que llegaran los agentes. No pedimos que nos regalen nada, solo alternativas”.

En relación a las ayudas acordadas, Eloy, otro de los afectados y portavoz de los vecinos, manifestó a este medio que, “en un primer momento, nos dicen que nos van a dar entre 2.000 o 3.000 euros de ayudas para que nosotros busquemos una opción habitacional. Pero, ahora mismo, nos comunican que no nos la dan porque no lo podemos gastar, ya que no hay alquileres”.

En su caso, tuvo que salir de la vivienda con lo puesto: “No me han dejado sacar mis enseres, ni siquiera me han permitido que me ayuden mis vecinos. Han llegado antes de la hora estipulada y nos han dicho que saliéramos. He salido escoltado y todo ha quedado atrás”.

Además, lamenta que ni siquiera pudo sacar su furgoneta, en la que piensa alojarse a partir de ahora: “Nos dicen que hemos tenido tiempo para sacar nuestras cosas, pero no tienen en cuenta que nosotros también trabajamos. Nuestro abogado está tratando de llegar a un acuerdo con el dueño del edificio para volver a entrar en él y coger lo que nos dejamos atrás. Yo me he quedado incluso sin mi furgoneta, que está dentro aparcada. Si puedo sacarla, en principio viviré en ella”.

La queja generalizada ayer entre los vecinos desalojados venía dada por los altos costes del dispositivo de desahucio, dinero que, reclamaban, podía ser empleado para buscar soluciones: “Sí tienen dinero para levantar el dispositivo policial, pero no para buscarnos un techo en el que cobijarnos. Es indignante”.

Tampoco entendían por qué desalojaron solo su edificio y no el que está justo al lado, que también podría estar afectado: “Nos desalojan a nosotros y no el otro inmueble, que conecta con este. La diferencia es que nosotros nos hemos metido a vivir aquí, porque estaba abandonado, y, en el otro, cada inquilino compró su vivienda ”.

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