Una orden judicial de desahucio llegada sin previo aviso el pasado 8 de febrero puso en alerta a más de 200 vulnerables, entre ellos niños, embarazadas, ancianos y personas con movilidad reducida, que ocuparon hace ocho años un complejo de viviendas a medio construir en el edificio conocido como Chasna, en Costa del Silencio (Arona), cuya resolución está prevista para el próximo martes, 12 de marzo.
El desalojo del inmueble, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona, que cuenta con 44 viviendas, se da por “los problemas estructurales de la construcción, que tiene riesgo de derrumbe”, cuenta a DIARIO DE AVISOS la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento aronero, Ruth Martín.
Los afectados contactaron ayer con este periódico para exponer su necesidad de encontrar una solución, dado que, el próximo martes, “nos vamos a quedar en la calle. Aquí tenemos nuestra vida, nuestros hijos están escolarizados, tenemos nuestros trabajos, pero no podemos optar a pagar una entrada de una vivienda o un alquiler, porque los precios están por las nubes”, cuentan.
Además, indican que, “desde Servicios Sociales, nos han dicho que tenemos que salir de aquí, que saquemos a los niños. Pero, si nos echan, ¿dónde iremos si no tenemos recursos? Aquí residen personas de hasta 80 años, niños recién nacidos y enfermos. ¿Dónde irán ahora? Somos personas trabajadoras, pero que no podemos costearnos una vivienda por los altos precios y la escasez que hay”.
Las familias, que residen en la zona desde hace ocho años, explican que “el edificio lleva abandonado 58 años. Las condiciones, al principio, eran pésimas: no teníamos ni luz ni agua, por lo que nos hemos autoabastecido con placas solares y bidones para tener los recursos mínimos para poder vivir aquí. No le hemos pedido nada a nadie. Pero, ahora, necesitamos ayuda”.
“Todas las familias hemos invertido mucho en este inmueble, pero ¿de qué nos ha servido? Ahora que se puede residir en él, ¿por qué no lo destinan a alquiler social?”, lamentan entre lágrimas.
Asimismo, indican que se han puesto en contacto con el Consistorio de Arona, pero no han encontrado solución: “Hay familias que llevan inscritas en situación de demanda de una vivienda desde hace más de siete años, pero no han obtenido respuesta. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento y tampoco nos ayuda. Lo único que nos dicen es que tenemos que salir de aquí. No pedimos nada gratis, solo una solución para no vernos en la calle”.
Respuesta del ayuntamiento de arona
La concejala de Servicios Sociales, Ruth Martín, manifestó ayer que, “en casos normales, antes de que se lleve a cabo el desalojo, el juzgado pide unos informes al Ayuntamiento para que valore las diferentes realidades de las familias. Y, atendiendo a su vulnerabilidad, suelen paralizar el lanzamiento durante unos meses para que encuentren una alternativa. Sin embargo, en este caso no han atendido nuestros informes, dado que prima la seguridad de las personas, al haber un informe urbanístico sobre los problemas estructurales del edificio, que tiene riesgo de derrumbe”.
Desde la Corporación aronera aclaran que han intentado buscar una alternativa a estas familias para que, el próximo martes, 12 de marzo, no se queden en la calle, pero “no hemos logrado encontrar una solución. Hemos tocado las puertas del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Instituto Canario de la Vivienda, pero, ante el grave problema habitacional que está sufriendo la Isla, nos cuentan que no se puede hacer nada, porque está todo colapsado”.
Además, Martín relata que, ni siquiera, “podemos optar por hoteles, hostales o apartamentos, porque la ocupación, en plena temporada turística, está al 100 por 100. No hay alternativa habitacional para estas personas. Lo único que podemos hacer desde Servicios Sociales es dar ayudas económicas, de hasta 3.000 euros, para que cada familia se busque un alquiler, pero claro, ¿de qué sirve si no hay inmuebles?”. “Estamos ante la peor crisis de vivienda de la historia”, subraya la responsable del área social.
De esta forma, el próximo martes, más de 200 personas vulnerables, entre ellos niños, mayores, enfermos y personas con movilidad reducida, dejarán atrás sus viviendas, sin tener a dónde ir y sin ningún tipo de solución ante el grave problema habitacional que sufre la isla de Tenerife.
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