Dos realidades prácticamente idénticas, pero visiones radicalmente distintas sobre la que tienen responsabilidades de gobierno. Mientras en la vecina Arona no quieren saber nada de la cuestión al considerar innecesario recurrir a esta herramiento impulsada desde el Gobierno de España para afrontar la crisis habitacional que se padece en buena parte del país y que tanta incidencia tiene entre la población canaria (de por sí castigada por altos niveles de pobreza y paro), el pleno del Ayuntamiento de Adeje aprobó ayer solicitar al Ejecutivo de Canarias que inicie los trámites para declarar el municipio zona tensionada, acogiéndose a la “Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda” que se aprobó en las Cortes Generales.
La moción, presentada por el gobierno socialista local, tuvo el voto favorable de los grupos municipales del propio PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular y Unidas Podemos, con el voto en contra de Vox.
El pleno acordó añadir la enmienda propuesta por Unidas Podemos que incluye instar al Estado a inventariar y analizar el patrimonio de la Administración y de los Organismos Públicos; pedir al Gobierno de Canarias que ponga los medios necesarios para el correcto desarrollo del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas en la Comunidad y dar a conocer a la Fecam los acuerdos.
Se inicia, de esta manera, el procedimiento para que el Gobierno de Canarias realice los estudios necesarios para medir los parámetros socioeconómicos que permitirían llevar a efecto esta declaración de zona tensionada.
Una de las preguntas recurrentes en el pleno ha sido si la medida de bajar el alquiler sería de obligado cumplimiento u opcional. El alcalde de Adeje, José Miguel Fraga dejó claro que estas medidas son opcionales para las personas propietarias de inmuebles, que podrán adherirse a ellas o no. Las que se acojan a las medidas podrán tener hasta un 90% de beneficios fiscales en la declaración de la renta.
Otro de los puntos clave que quiso dejar claro el máximo mandatario adejero es que esta medida no resolverá el problema de la vivienda en el municipio, sino que se articula dentro de un plan ambicioso, complicado y que debe contemplar muchos más puntos. Entre ellos, la construcción de viviendas de protección oficial, la adquisición de suelo para la construcción de esas casas y la bonificaciones o incentivos a la empresa privada para el desarrollo de viviendas asequibles, entre otros.
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