El nuevo modelo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas mayores y dependientes de la capital, que pondrá en marcha el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz antes de finales de año, cambiará la actual gestión de las prestaciones económicas al pasar de contratos a subvenciones. Unas ayudas que se otorgarán a las empresas adjudicatarias, de las que hasta ahora han concurrido más de media docena a la licitación. Se trata de un cambio que, según denunció ayer la portavoz socialista, Patricia Hernández, “obligará a los usuarios a declarar a Hacienda por unos ingresos medios entre 6.000 y 15.000 euros”.
Hernández realizó esta afirmación durante la comisión de control municipal celebrada ayer, donde cuestionó a la concejala de Acción Social y presidenta del IMAS, Charín González, sobre cómo va a hacer cumplir el artículo 17 del decreto de Dependencia y las ordenanzas municipales en el desarrollo del mismo para dar cabida al nuevo modelo del Servicio de Ayuda a Domicilio que impulsa el consistorio.
Este servicio, que presta atención a 1.200 beneficiarios mayores de 65 años, fija en su nueva disposición entre 6.700 y 15.600 euros los costes unitarios, centrados en gastos directos por dicha prestación, servicios adicionales subrogados (como fumigación o limpieza del hogar), y los derivados por el salario de las auxiliares, según recoge el expediente del informe económico de evaluación que regula el nuevo modelo del SAD y al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS.
El documento especifica el cálculo total del coste por usuario y año del modelo a implantar, precio resultante para 1.300 usuarios, “por ser el dato de 1.250 usuarios del año 2023 previendo un incremento para el 2024, entre el número de horas calculadas del servicio”, según detalla el expediente. En este sentido, el coste unitario se establece en 6.776 euros, mientras que, en las cuantías máximas de las prestaciones de ayuda a domicilio para personas con impedimentos y que precisen de aseo personal, gestión en traslados, limpieza de vivienda, compras o cocinado de alimentos, entre otros, el total se eleva a los 15.674 euros anuales.
A juicio de Hernández, “con el nuevo modelo se otorgará la subvención por usuario a la empresa que lo gestione, que tendrá que ser declarada en la renta por el beneficiario, como si fuera un sueldo que percibe, ya que no está exenta del IRPF, como sucede con las becas o las tarjetas monedero de alimentos que, al no llegar al umbral de 12.000 euros, no es obligatorio declarar”.
Por ello, la socialista arremetió contra la edil del área, a la que acusó de “perjudicar a las personas mayores por sus inventos e ignorar las ordenanzas municipales al respecto, al pasar de contratos a subvenciones que repercutirán en que los usuarios. Algo muy Berlusconi porque miente tanto a los trabajadores como a los beneficiarios”.
Cambio importante
Por su parte, la concejala Charín González reiteró que “el nuevo modelo del SAD implicará un cambio importante para lograr un sistema más ágil de atención, adaptado a la realidad actual, y que repercutirá en más calidad en el servicio, creando oficinas de cercanía en todos los distritos y aportando mejoras laborales para las auxiliares. En un año, tendremos un modelo que muchos querrán copiar”, apuntó.
Asimismo, la edil recordó, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, que “en el último Consejo Rector se aprobó la última prórroga del contrato del SAD hasta noviembre, por lo que la intención es que, antes de final de año, pueda estar en marcha la modificación del servicio”.
Además, afirmó que “estamos en coordinación con el Gobierno de Canarias, que tramita una modificación del decreto de Dependencia, para introducir cambios para el nuevo modelo”.
La comisión de control abordó otros asuntos en su primera sesión tras el descanso estival. Entre ellos, el de las obras en la calle La Rosa, que empezaron en julio de 2023. El concejal del área, Javier Rivero, respondió al respecto al portavoz de VOX, Alejandro Gómez, quien preguntó sobre el estado de las distintas fases que se ejecutan en el barrio de El Toscal y que afectan a comerciantes y vecinos.
El edil detalló que las tres fases se han ejecutado, “con algunos retrasos por imprevistos con las canalizaciones, pero actualmente las obras están al 50% hasta la calle San Antonio y la conexión con la calle San Martín. Una vez concluyan, se proseguirá hasta la calle San Francisco Javier, donde se concentra el grueso de la actividad comercial, por lo que la previsión es acelerar los trabajos cuando se llegue a este punto. Antes del verano de 2026, tendremos todo el barrio renovado”, afirmó.
Otra de las cuestiones tratadas en la sesión de control se centró en la designación de Juan Ramón Lazcano (exconcejal de Ciudadanos en el ayuntamiento) como director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030. El PSOE acusó a la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila, de haber creado este cargo porque “Santa Cruz paga a traidores”, en referencia a que la marcha, en 2020, de Lazcano del consistorio facilitó la moción de censura contra la primera exalcaldesa, Patricia Hernández, algo que la edil negó con el argumento de ser un concurso público al que concurrieron 19 candidatos.