La prestigiosa notaria tinerfeña Alba Aula presentó, en la mañana de ayer, su renuncia a los cargos de secretaria y miembra del consejo de administración del CD Tenerife. Se convierte así en la primera víctima (aunque por decisión propia) de la crisis institucional que atraviesa la entidad deportiva por culpa de los escándalos provocados por el máximo accionista de la entidad, José Miguel Garrido. Tras esta dimisión, el consejo blanquiazul se queda compuesto por su presidente, Paulino Rivero, y los consejeros Conrado González, Samuel Gómez Abril (designado a propuesta de Amid Achi) y los dos hombres de Garrido: Juan Guerrero y Santiago Pozas.
Esta dimisión desnivela las fuerzas en el órgano de gobierno del club. Cuando se firmó el pacto de sindicación entre Miguel Concepción, Amid Achi, Conrado González y el propio Garrido, se decidió que tres miembros del consejo los proponía el empresario madrileño (la secretaria del consejo, el director general y el consejero deportivo) y los restantes, el tridente formado por los citados empresarios tinerfeños.
Ahora, le toca a Garrido mover ficha si no quiere quedarse en minoría en las decisiones que se sometan a votación en el gobierno del Tenerife.
Aula, quien cuenta con un reconocido prestigio en su ámbito laboral, llevaba tiempo pensando desligarse del club. Encontró la excusa perfecta para dar el paso definitivo después de que DIARIO DE AVISOS adelantase, en exclusiva, la venta del 10% de las acciones del 10 del club por parte de Garrido a un inversor inglés hace un año, transacción que, al parecer, se mantuvo oculta y que, finalmente, ha derivado en la interposición de una querella criminal presentada en la mañana del pasado jueves en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife por parte del inversor británico. Un empresario que afirmó, en declaraciones a este periódico, haber sido objeto de una estafa millonaria por parte del máximo accionista madrileño, además de haber detectado en el proceso una grosera falsificación de documentos públicos que puede implicar pena de prisión para el mandatario del representativo tinerfeño en la liga española de futbol.
Sobre Santiago Pozas también recae la sombra de la duda después de que, el pasado domingo, DIARIO DE AVISOS informase de que el portavoz de una amplia representación de accionistas minoritarios (no integrados en el pacto societario que gobierna actualmente el club, sostenido por el propio José Miguel Garrido y los empresarios Amid Achi, Conrado Bacallado y Miguel Concepción) ya ha establecido contacto con el inversor británico y su equipo de letrados en Reino Unido y España con la finalidad de presentar una nueva querella criminal contra el director general de la entidad y también miembro del consejo de administración, Santiago Pozas.
Según se desprende de la gran cantidad de pruebas aportadas por el inversor británico, supuestamente objeto de estafa por parte de José Miguel Garrido, los delitos penales denunciados también afectan de lleno a Santiago Pozas por un supuesto encubrimiento de la presunta estafa urdida por Garrido y por su posible colaboración necesaria para que las acciones adquiridas por este no fuesen inscritas en el libro de registro de la entidad, con la salvedad de que, sobre estos títulos, incurría una garantía pignoraticia en favor del acreedor (inversor británico), como así establece tácitamente el estatuto social del club.
El claro perjuicio profesional que le provocaba permanecer en el consejo llevó a Alba Aula a tomar una decisión que confirmó ayer el club con una nota.
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