El nuevo plan director de aparcamientos de Santa Cruz de Tenerife, que prevé crear 4.100 plazas en los próximos años, además de la ordenación del estacionamiento en zonas azules (no residentes) y verdes (residentes) con el cobro de tarifas y delimitación horaria, centró ayer parte del pleno del Ayuntamiento capitalino en el que, además, se abordó el problema de la vivienda tras la decisión de no declarar Santa Cuz zona tensionada. Asimismo, se logró aprobar también, pese al voto en contra del PSOE, el presupuesto de 2025, cifrado en 364 millones de euros.
La portavoz socialista, Patricia Hernández, presentó una moción sobre la situación de los estacionamientos en la capital, en la que acusó al gobierno local y, en particular, al alcalde, José Manuel Bermúdez, y a la edil de Movilidad, Evelyn Alonso, de “quitar aparcamientos sin alternativas, además de decirle a los ciudadanos que tendrán que pagar por aparcar en la calle”.
Hernández añadió que “la falta de plazas, agravada por la política de eliminación emprendida por el gobierno actual, se ha convertido en uno de los problemas de movilidad del municipio, derivado de la ausencia de ejecución de más de 20.000 estacionamientos previstos en el planeamiento o las 7.200 plazas definidas en el Plan de Movilidad Urbana, aprobado en 2014 y actualizado en 2023”.
“Aparte de no construirse, no han parado de quitar plazas en el barrio La Salud, donde se preveían 1.500, de las que ahora anuncian 500; las 1.000 en el barrio La Victoria; 300 en Las Retamas de San Antonio; 500 en el entorno de la Rambla y otras 500 en Duggi”, apuntó la socialista, que alertó de que “no sólo suprimen plazas, sino que ponen líneas amarillas donde quieren y que, al final, van a tener que quitar”.
Asimismo, acusó a Alonso de que, aparte de no construir las plazas, en el nuevo plan director se “omitieron las que se van a suprimir: 740 en la primera fase; 555 en la segunda; y 167 en la tercera”, alertó. Igualmente, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, criticó que “la ejecución de obras hace desaparecer aparcamientos, algo que responde a la falta de planificación”.
La moción del PSOE instaba al ayuntamiento a realizar un estudio previo de movilidad y alternativas de estacionamiento antes de suprimir plazas de parking, pero fue rechazada con los votos del equipo de gobierno (CC y PP). Al respecto, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), aseguró que “siempre se realiza un estudio técnico de movilidad a la hora de suprimir aparcamientos” y recordó que “se construyen en San Andrés, Chamberí o la avenida de Los Príncipes, con 130 plazas más”, que el PSOE no considera “nuevas, sino empichado de solares de uso provisional”.
Por su parte, la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), dijo que “se repondrán todas la plazas suprimidas por obras o reformas y se buscarán alternativas donde no sea posible”. Además, indicó que es curioso que traigan una moción en contra de las zonas azules y verdes cuando en Las Palmas, donde gobiernan, las han implantado”.
También el alcalde matizó que “el problema del aparcamiento no es exclusivo de Santa Cruz, por lo que el nuevo plan de aparcamientos permitirá la mejor ordenación de las 65.000 plazas que existen en el municipio, además de crear 4.100 nuevas, pues por primera vez se permitirá construir en altura”. Respecto a las zonas azules y verdes, anunció que “el objetivo es ser más eficientes a la hora de aparcar y, por ello, se fijarán precios en las zonas de más tráfico, aunque en horas punta”.
Zona tensionada
Por otra parte, la decisión de Bermúdez de no solicitar al Ejecutivo canario la declaración de Santa Cruz como zona tensionada centró otra moción socialista en la que se instaba al ayuntamiento a elaborar un estudio del impacto de la evolución de precios de venta y alquiler de viviendas y a declarar tensionadas las zonas que cumplan con los requisitos, según recoge el informe externo encargado por el propio consistorio. La edil, Elena Mateo, señaló que “el análisis de Viviendas Municipales, amparándose en Cataluña, o en que se construyen 37 viviendas en María Jiménez no es la solución, pues se sigue sin actuar mientras que los alquileres ya alcanzan hasta los 2.500 euros en la zona centro”.
El debate giró en torno a la falta de suelo disponible para urbanizar y en contra del Gobierno central, con una CC, PP y Vox que culparon a Pedro Sánchez de no aprobar la Ley de Viviendas y dejar indefensos a los propietarios ante los okupas. El alcalde subrayó que “el Estado prometió 300 nuevas viviendas en Ofra y Vistabella, de las 184.000 en todo el país, de las que hemos visto cero en el municipio”.
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