La situación que vive el barrio de El Toscal ante la ocupación ilegal de viviendas, que ha llevado a los vecinos a salir a la calle para protestar en contra de los moradores ilegales que, aseguran, “atemorizan” a los residentes, centró ayer parte del debate del pleno celebrado en el Ayuntamiento capitalino, donde hasta el alcalde, José Manuel Bermúdez, denunció que “las leyes aprobadas por el Gobierno socialista y Podemos protegen igual a una familia vulnerable con tres menores que a un quinqui okupa que está produciendo problemas de inseguridad ciudadana en el barrio”.
El regidor indicó que, “con las leyes que tenemos, el ayuntamiento no puede intervenir porque, cuando hay una familia vulnerable que realmente se merece proteger, el quinqui se beneficia exactamente de lo mismo. Y digo quinqui porque una de las dos personas que han ocupado la última vivienda en este barrio tiene una orden de expulsión del territorio nacional, a lo que le pregunto al Gobierno central: ¿por qué la Policía Nacional no detiene a esa persona, la lleva al aeropuerto y ejecuta dicha orden? Esta es la realidad que está ocurriendo en la España de hoy, lo que produce una gran inseguridad y alarma en la población, como estamos viendo en El Toscal”, sentenció.
El alcalde aprovechó una moción de Vox, que pedía restaurar el “abandonado” Monumento a Franco, para arremeter contra el Estado en relación al problema de la vivienda, vinculando la intervención de la socialista Elena Mateo, que reclamaba abordar en el pleno “problemas reales de la ciudad y no el de esculturas que enaltecen al caudillo”, a la situación de El Toscal.
En este sentido, Bermúdez dijo que “gran parte de la situación de este barrio se debe a que las leyes que ha aprobado el PSOE protegen al okupa y al arrendatario mucho más que al propietario y al arrendador. No podemos actuar al margen de la legalidad, sino cumplir una normativa que, sinceramente, no me gusta un pelo”.
Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, cuestionó sobre las acciones que se están llevando a cabo ante “la ocupación” en El Toscal y expresó el apoyo a los vecinos que “salen a defender su barrio y a los que ahora la Subdelegación del Gobierno los quiere sancionar”, haciendo alusión a la información adelantada por DIARIO DE AVISOS. “Creo que este ayuntamiento debería plantear al subdelegado que no sea tan duro”, dijo.
La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, respondió que “se están manteniendo reuniones con la Subdelegación, aunque esta corporación empatiza con los vecinos que están viviendo una situación de inseguridad a causa de estas ocupaciones. El Toscal ha sido siempre un barrio amable y tolerante que ha convivido desde hace años con la ocupación sin que hubiese ningún problema, pero ahora la culpa es de unos quinquis que han venido a crear malestar”.
Dávila añadió que “los vecinos nos tienen de su lado, pero no podemos hacer más de lo que la ley permite. Una norma que se aprobó en 2020 y que hoy se ha convertido en una coladera para generar otro tipo de personas en vulnerabilidad, que son los propietarios de las casas ocupadas”. Así, instó al PSOE a modificar la ley y criticó a la Subdelegación “por tomar medidas en contra de los vecinos. La Policía Local y la Nacional están protegiendo el barrio, pero es el subdelegado quien tiene que coger a ese okupa con orden de expulsión y sacarlo de España”, reiteró. Asimismo, la edil aprovechó para criticar que una diputada de Vox haya ido a El Toscal “a crispar y grabar un vídeo fomentando mensajes xenófobos”.
Igualmente, el portavoz de PP, Carlos Tarife, aseveró que “el equipo de gobierno está actuando, hasta donde se nos permite, ante el problema de la ocupación en El Toscal y en otras zonas del municipio, pero la Delegación del Gobierno está amenazando con sancionar a los vecinos que están protestando ante lo que es el gran atropello que está ocurriendo en este país y esto es inconcebible”.
En el pleno, además, se abordó el Plan Director de Aparcamientos, sobre el que el PSOE presentó una moción que, a pesar de ser rechazada, solicitaba la paralización de las zonas azules y verdes, en las que se cobrará por estacionar en zonas tensionadas. La portavoz socialista, Patricia Hernández, denunció que se “van a suprimir plazas informales, como en Las Delicias o Los Gladiolos donde ni se contemplan, sin dar soluciones”. Mientras, la edil de Movilidad, Evelyn Alonso, reiteró que “se trata de un Plan que fue aprobado en 2023 por el PSOE y que solo busca regular las plazas para estacionar en la capital”. Algo que el alcalde reafirmó al señalar que “no hay espacio público suficiente para tanto coche”.
Igualmente, se rechazó otra moción socialista sobre el desarrollo de los ámbitos urbanísticos en el Suroeste, Ofra y La Salud para construir viviendas, a lo que la concejala de Urbanismo, Zaida González, dijo que ya se está trabajando en la expropiación de terrenos en Barranco Grande y en Buenavista.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas