La falta de una mayoría parlamentaria estable en el Congreso de los Diputados complica los planes legislativos del Gobierno, que necesita sumar apoyos para sacar adelante iniciativas clave. Entre ellas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que aún debe superar el trámite de aprobación en la Cámara Baja, pese a que se da por hecho que superará sin contratiempos la segunda vuelta en el Consejo de Ministros.
La propuesta, sin embargo, no se limita únicamente a la rebaja del horario semanal. El borrador acordado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos incluye también una revisión del sistema de registro horario y el refuerzo del derecho de los trabajadores a la desconexión digital.
Una de las principales novedades es que la Inspección de Trabajo podrá realizar un seguimiento remoto del registro horario, lo que aumenta el control sobre el cumplimiento de las jornadas. Además, las empresas estarán obligadas a entregar cada mes a los empleados con contratos a tiempo parcial un informe detallado con el cómputo de sus horas de trabajo, incluyendo las ordinarias, complementarias y extraordinarias.
Según el texto firmado con las organizaciones sindicales, “las horas extraordinarias registradas día a día se totalizarán en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando la empresa copia del resumen a la persona trabajadora en el recibo correspondiente, sin perjuicio de la forma de compensación”. Este resumen deberá incorporarse al recibo de la nómina como documento obligatorio.
En cuanto al impacto salarial, la reducción horaria no afectará negativamente a los trabajadores a tiempo parcial. El acuerdo contempla un incremento proporcional de los sueldos para quienes se encuentren en esta modalidad laboral.
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