El espectacular aumento en las prestaciones concedidas en las Islas por razones de Dependencia y del que hizo gala el Gobierno de Canarias respecto al balance a 31 de diciembre de 2024 nunca existió.
Así lo ha tenido que reconocer la propia consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias durante el proceso de verificación que se lleva a cabo cuando se cruzan sus datos con los del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España (Imserso). Un paso de comprobación progresiva que ha dado como resultado que, cuando apenas habían pasado tres meses, han desaparecido nada menos que unas 9.000 de las 16.000 nuevas prestaciones supuestamente concedidas, tal y como se puede comprobar en los datos publicados en el sitio web del organismo estatal hace dos semanas.
De por sí grave, dado que hablamos de una cuestión sensible para una sociedad tan envejecida como la isleña porque versa sobre el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí solas, acarrea, además, unos efectos políticos nada deseables para la imagen del Ejecutivo autonómico.
Su propio presidente, Fernando Clavijo, hizo de esta mejora, que ha resultado no ser tal, una bandera de la bonanza de su gestión durante el reciente Debate sobre el estado de la Nacionalidad canaria, ya que -comprensiblemente, dicho sea de paso- dio por buena la información facilitada desde la citada consejería.
Basta con acudir a distintas fuentes oficiales de comunicación del Gobierno de Canarias (web institucional, comunicados, perfiles oficiales en redes sociales, etc.) para comprobar que se anunciaron 62.165 prestaciones concedidas a los dependientes isleños, lo que suponía hasta 16.208 más que en el mismo mes de 2023.
El impresionante aumento de hasta un 35,3% (una comunidad que históricamente ha estado en el furgón de cola de la gestión en Dependencia de este país) motivó anuncios tales como que “Canarias ha sido la comunidad con la mayor mejora en la comparativa con el año anterior en el número de prestaciones otorgadas por el sistema”, y que aún se puede leer en el sitio web del Gobierno de Canarias pese al demoledor desmentido oficial.
Para comprender mejor cómo ha podido suceder algo así, hay que tener en cuenta que el Imserso, en aras de la lealtad institucional (para los más jóvenes, antaño era habitual confiar en la veracidad de las informaciones oficiales facilitadas desde otra administración con independencia de su color político) da por buenas las cifras sobre Dependencia remitidas desde las distintas comunidades autónomas, y pasado el tiempo verifica las mismas, especialmente en casos como el que nos ocupa.
Tan asombrosa mejora en Canarias llamó poderosamente la atención entre quienes conocen los entresijos de la materia, lo que ya insinuaron cuando se publicó tanto desde sindicatos como Comisiones Obreras como por parte de partidos de la oposición.
Lo peor es que Clavijo llegó a adelantar que, sumando enero de 2025, las prestaciones concedidas habían subido incluso desde las 62.000 aludidas a unas 65.000, pero tampoco era real, porque a 31 de marzo apenas superan las 52.000.
Temor a que el nuevo decreto mejore las estadísticas pero no los beneficiados
Lo estipulado en el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias hace apenas dos meses ha suscitado notables críticas incluso desde los consejos de Trabajo Social, cuya opinión cuenta con el valor añadido de tratarse de los representantes de los trabajadores que están en el día a día y a pie de calle en la atención a los dependientes isleños.
Aunque dichas críticas ahondan en otras novedades incluidas en dicho decreto, hay que resaltar una medida cuya puesta en marcha puede provocar una distorsión entre las estadísticas oficiales y la realidad, por cuanto ahora los beneficiarios de estos servicios públicos (personas que, no lo olvidemos, necesitan auxilio para valerse por sí mismas) tendrán que aceptar en un plazo de seis meses la ayuda específica que se les aprueba desde la administración, dado que en caso contrario serán excluidas de las listas.
Por otra parte, todo apunta a que entre los partidos de la oposición ya se tiene constancia de que las publicitadas 16.000 nuevas prestaciones se han quedado en apenas 5.000, así que cabe suponer que este caso será abordado en próximos plenos del Parlamento de Canarias.
Resta añadir un dato nada baladí: que suban las prestaciones no significa automáticamente que aumenten los beneficiados de las mismas, porque cada persona puede recibir varias.
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