“Solo pido que me den una vivienda digna, de dos habitaciones, para poder vivir con mi hijo, aunque pague 400 euros al mes y tenga que buscarme la vida para comer”. Así suena el grito de desesperación de Beatriz, una madre, con un hijo de 14 años a su cargo, que será desahuciada el próximo lunes del piso que okupa desde hace ocho años en el edificio Alejandro, ubicado en Barrio Nuevo, en Ofra.
Beatriz explicó ayer a DIARIO DE AVISOS que el pasado jueves recibió una notificación del juzgado en donde se le comunicaba el lanzamiento exprés de la vivienda en la que reside como irregular el próximo 19 de mayo. Aunque desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) se ha afirmado que si la trabajadora social determina que existe situación de vulnerabilidad se remite dicho informe al juzgado, con el objetivo de intentar paralizar el desahucio, en cambio la afectada aseguró que en su caso no ha sido así. “El juzgado tiene el informe de mi trabajadora social”, alega.
Casi al borde de un desahucio, reclamado por los actuales propietarios del inmueble, la afectada aseguró que “estoy sin trabajo, cobro el Mínimo Vital y, además, el padre de mi hijo falleció hace seis meses. No tengo a dónde ir, pero la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, Charín González, la única respuesta que me ha dado es que me vaya a un albergue”.
Por su parte, la edil detalló que “el juez dictó directamente el alzamiento y, aunque hablado varias veces, se nos dice que no hay posibilidad de frenarlo. Además, no es cierto que la alternativa habitacional que le hemos dado desde el IMAS sea el Centro Municipal de Acogida, sino que se le ha encontrado un piso en La Matanza”.
Mientras, Beatriz insistió en que “la concejala ha mentido al decir que había un acuerdo con los propietarios para fijar alquileres sociales. No se ha hecho nada de nada en este edificio que, después de tantos años, sigue sin tener ni la célula de habitabilidad”. Asimismo, indicó que “ahora hay viviendas ocupadas por inmigrantes, a quienes el propietario se las arrenda bajo cuerda por 300 o 500 euros al mes. En cambio, a mi no se me da esa opción. Por ello, el lunes, cuando llegue la comitiva, recogeré mis cosas y veré a donde me voy con mi hijo”.
“Me siento desamparada y engañada, porque cuando vine a vivir me prometieron papeles que nunca llegaron. Esto ha sido una crucifixión en vida en un edificio que sigue sin tener puertas ni ventanas ni luz. Solo hay agua porque se lograron poner los contadores, que es lo único que he pagado”, lamentó Beatriz.
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