El Ayuntamiento de Santa Cruz ha adjudicado por un millón de euros el contrato de suministro, instalación y puesta en servicio de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la cual limitará el acceso del tráfico a la zona centro. La empresa Teva, especializada en desarrollo de sistemas inteligentes de transporte, será la encargada de poner en marcha el proyecto técnico para desarrollar la nueva plataforma de movilidad urbana, con el objetivo de facilitar la implementación de estrategias más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.
En este sentido, la adjudicataria se encargará de la adquisición de los suministros, la ejecución de obras y la prestación de los servicios necesarios, en cuando a software e integraciones, para la ejecución del proyecto de la ZBE capitalina, el cual fue aprobado en junta de gobierno de 10 de junio de 2024.
A la licitación de este contrato concurrieron un total de ocho empresas, resultando seleccionada Teva, que ahora será la encargada de diseñar el último paso que quedaba pendiente para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
Dicha licitación, que autoriza el gasto para el ejercicio 2026, subvencionado con fondos Next Generation, fue publicada ayer en la Plataforma de Contratación del Estado, pero ya ha recibido la primera critica por parte de la Asociación de Vecinos El Perenquén Zona Urban, que ha alertado de que “el Ayuntamiento no puede hacer contrataciones para la ZBE sin tener aprobada la ordenanza. Vamos ahora a evaluar las actuaciones a tomar ante esta manifiesta ilegalidad”, destacó.
Por su parte, fuentes municipales afirmaron a DIARIO DE AVISOS que “se trata de la adjudicación del proyecto técnico para la puesta en marcha de la ZBE, para cuya instalación no es necesario que esté activa la ordenanza, que lo que regula es el funcionamiento de las cámaras, la zona azul y verde de aparcamiento y las posibles sanciones. Para que una empresa trabaje en la instalación de cámaras y en la activación del centro de control no es necesario tener aún la normativa municipal, ya que se trabaja en paralelo, tanto en una como en la otra”.
La implantación de la ZBE en la capital, cuya puesta en marcha responde a una imposición de la Unión Europea para todos los municipios con más de 50.000 habitantes, ha sido recurrida por el grupo municipal Vox al considerar que las restricciones previstas podrían ocasionar un impacto económico negativo. Una denuncia que ha sido admitida a trámite el pasado marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Santa Cruz de Tenerife.
El proyecto determina los vehículos que podrán acceder, circular y estacionar en superficie en la Zona de Bajas Emisiones, debidamente rotulados e identificados, aunque con carácter general y sin necesidad de autorización municipal podrán transitar los de servicios públicos esenciales (policías, bomberos, protección civil o ambulancias, entre otros). Estarán autorizados los vehículos de empresas y autónomos cuya actividad se ejerza en un local u oficina ubicada en el interior de la ZBE, o se desarrollen en los mercadillos municipales situados en dicha zona.
Según la empresa Teva, adjudicataria del proyecto de la ZBE capitalina, se emplearán técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data a través de una herramienta capaz de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, identificar patrones y generar informes para contribuir a la gestión del tráfico y el control de emisiones.
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