El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, señaló ayer que la “desidia de muchos años”, así como a la falta de apoyo a los ayuntamientos y una normativa antigua son la causa del elevado número de vertidos no autorizados al mar, y anunció un reglamento que actualiza el vigente de hace 30 años.
En comisión parlamentaria, el consejero comentó que hay 351 vertidos de la tierra al mar en las Islas, de los que 240 están pendientes de regularizar y, de estos, el 69 % son de titularidad pública. El elevado número de vertidos no autorizados ha llevado a que la UE sancione a Canarias y España, donde también se sufren afecciones tanto a la flora como a la fauna, añadió.
En respuesta al diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos acerca de acciones para paliar la contaminación por vertidos, el consejero indicó que los ayuntamientos son los responsables de la gestión de los residuos y tienen problemas tanto económicos como de personal.
Hernández Zapata manifestó que la “desidia de muchos años”, así como la falta de apoyo a los ayuntamientos y una normativa de más de 30 años son la causa de los problemas, por lo que se trabaja en un plan de mitigación para disponer de un censo de vertidos tierra-mar y se lleva a cabo una campaña de observación de nuevos vertidos, tanto desde el aire con drones como con submarinistas.
Reconoció que falta equipamiento para realizar una depuración adecuada, lo que hace que sea “imposible su autorización”, y por ello se colabora con los ayuntamientos para mejorar la normativa.
El consejero apuntó que también es necesario mejorar los emisarios para que sean parte de la solución, y avanzó que en los próximos meses se podría disponer de un reglamento de vertidos, con un censo, para avanzar en su control.
Restaurar los daños
Por su parte, Jesús Ramos (ASG) demandó en la Comisión de Transición Ecológica del Parlamento, una mayor implicación institucional para restaurar los ecosistemas dañados por vertidos y mejorar la respuesta ambiental una vez controlados.
Tras reconocer los avances en actuaciones como la protección del frente litoral, la conservación de reservas marinas o la promoción de las banderas azules, reclamó ir más allá: “No basta con identificar y frenar un vertido; debemos restaurar el daño, con estudios de impacto y planes de recuperación, como se hace tras un incendio”.
Abogó por reforzar la colaboración entre las consejerías de Transición Ecológica y Política Territorial, así como con cabildos y ayuntamientos, y alertó sobre las sanciones europeas por la persistencia de vertidos ilegales. “Hay un censo actualizado, pero necesitamos acciones coordinadas que involucren también al sector primario, especialmente en la gestión del agua de riego”, apuntó.
Asimismo, puso en valor el trabajo de colectivos sociales que realizan batidas de limpieza en costas, barrancos y bosques, y animó a respaldarlos con más recursos y visibilidad.
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