La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, achacó ayer las malas condiciones del juzgado especializado de violencia de género en Santa Cruz de Tenerife a que, cuando en 2022 se unificaron en él los de Güímar y La Laguna, “no se pensó en el colapso que se iba a producir”.
Barreto dio dichas explicaciones en comisión parlamentaria a la diputada de CC Jana González, quien denunció el trato indigno que reciben las mujeres víctimas de violencia de género por la precariedad de las instalaciones del juzgado, donde no se garantiza su intimidad por falta de espacio y pasan por un proceso de “revictimización”.
La consejera respondió que en 2022 se acordó la comarcalización de los juzgados ordinarios de violencia de género de Güímar y La Laguna en uno especializado en Santa Cruz de Tenerife, algo que en principio es positivo porque las víctimas reciben una atención especializada.
Pero la realidad es que “no tenemos los edificios adaptados para esto”, el palacio de justicia de la calle Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife “está obsoleto y allí no cabe más”, lamentó Nieves Lady Barreto.
“Cuando en abril de 2022 se aceptó la comarcalización no se pensó en el colapso que se iba a producir”, habría sido mejor haber tenido primero un lugar adecuado y luego proceder a la comarcalización, defendió Nieves Lady Barreto.
Ante esta situación que “no es adecuada ni deseable”, la Consejería planteó trasladar el juzgado desde el Palacio de Justicia a un lugar alternativo, pero los operadores judiciales alegaron que era preferible mantenerlo en ese lugar.
Lo que se está haciendo como alternativa es tramitar el alquiler de un nuevo local para trasladar al mismo a otro juzgado desde la avenida Tres de Mayo, lo que permitirá mejorar las condiciones del juzgado especializado en violencia de género en el Palacio de Justicia.
Resta recordar sobre este asunto que el Palacio de Justicia santacrucero nunca cumplió las necesidades de la justicia tinerfeña, hasta el punto de que ni siquiera llegó a inaugurarse oficialmente ante la negativa de los operadores jurídicos tras comprobar sus carencias nada más construirse.
Y aunque la comarcalización facilitó que los problemas de los juzgados de violencia sobre la mujer se acentuaran, lo cierto es que las quejas sobre deficiencias en estos tribunales se remontan al año 2016, como ya desveló este periódico.
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