La ley de vivienda vacacional, impulsada por el Gobierno regional, se vislumbra como posible solución a la proliferación de casas turísticas, que ha puesto en jaque a las viviendas residenciales en ciertos territorios del Archipiélago. Un texto normativo, en tramitación parlamentaria, que no ha gustado ni a la patronal del sector ni a los propios ayuntamientos, que jugarán un papel fundamental a la hora de autorizar los inmuebles. La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcaldesa del municipio de Candelaria, Mari Brito, teme que su regulación genere “duplicación en los procedimientos, impidiendo la agilidad del proceso”. En una entrevista concedida al programa Atlántico Interviú, de la cadena Atlántico Televisión, desvela que desde el ayuntamiento tinerfeño “estamos valorando encargar un estudio para barajar zonas tensionadas”.
-¿Por qué no ha gustado la ley?
“Desde la Federación Canaria de Municipios siempre hemos defendido la regulación de este uso turístico de las viviendas y una norma con rango de ley que otorgue seguridad jurídica a quienes tenemos que actuar. En el ámbito urbanístico, somos conscientes de la responsabilidad y las competencias de los ayuntamientos a la hora de ordenar nuestro territorio, pero los cabildos también tienen una función importante. Lo que no queremos es duplicar procedimientos y estamos intentando simplificar el trámite para que pueda ser ágil. Ha sido un proceso largo y esperamos que llegue a buen puerto. Nos hemos reunido con los grupos políticos y seguimos trabajando con la Consejería de Turismo para tratar de alcanzar un consenso”.
-¿Contó el Ejecutivo autonómico con la participación de la Fecam para la elaboración de este texto normativo?
“Inicialmente conocimos el anteproyecto de ley cuando se publicó para la ciudadanía. Fue entonces cuando realizamos nuestras aportaciones y, durante todo el año anterior, estuvimos tratando de negociar aspectos que parecían que se podían mejorar, sobre todo, en lo referente a las competencias. Si no existe una clarificación, las administraciones duplicarían procedimientos y la norma no funcionaría. Desde la Fecam se intentó articular cambios en un Consejo Municipal de Canarias, pero finalmente no se logró, por lo que acudimos a los grupos parlamentarios para que la norma pueda incorporar las reivindicaciones finales de la Federación”.
-¿Qué propone exactamente la Federación para la ley de vivienda vacacional?
“Una clarificación en cuanto a los criterios de aplicación en las actividades clasificadas, que sepamos qué tenemos que exigir a los promotores de esta actividad, que las ordenanzas provisionales sean la herramienta que podamos utilizar para modificar el Plan General con el objetivo de incluir el uso turístico, ya que todo el proceso también conlleva una consolidación de las viviendas vacacionales ya existentes que cumplan con la legalidad vigente… Y, sobre todo, que no se produzca la duplicación de los procedimientos”.
-Sin embargo, tanto el anuncio del borrador como su propia elaboración ha supuesto un efecto llamada, aumentando los registros en las Islas hasta en un 20 por ciento. ¿No cree que urge su entrada en vigor?
“Sí. De hecho, llevamos más de un año hablando de la norma y creo que ha habido tiempo suficiente para consensuar. Es cierto que tiene que haber voluntad por todas las partes y nosotros hemos tenido nuestras discrepancias con la Consejería de Turismo. Nuestro objetivo es simplificar el procedimiento para los ayuntamientos y garantizar una seguridad jurídica”.
-Llama la atención que Tenerife abarque la mayoría de las viviendas vacacionales del Archipiélago, en concreto, más del 40 por ciento. ¿Por qué cree que sucede esto?
“No tenemos una información fiable en relación al porqué. Lo que sí es cierto es que el alquiler vacacional tiene una realidad distinta dependiendo de cada isla. En el caso de las Islas Verdes, por ejemplo, la vivienda vacacional se ha convertido en una alternativa alojativa donde no existe otra opción. En zonas tensionadas, en cambio, existe un desplazamiento de la vivienda residencial porque los propietarios prefieren destinar sus casas a la actividad turística. Por tanto, nosotros lo que intentamos es que cada ayuntamiento tenga la libertad de establecer los porcentajes y las limitaciones en virtud de la situación de cada municipio”.
-Sea como fuere, ¿cuándo está previsto que entre en vigor la ley de vivienda vacacional?
“No lo sabemos. Está prevista la presentación de enmiendas y estaremos muy atentos para saber qué se ha presentado. Nosotros seguiremos dialogando con el Gobierno, la Consejería y el resto de grupos políticos”.
-El Parlamento de Canarias ha convalidado recientemente el decreto de licencias urbanísticas para agilizar la construcción de la vivienda. No obstante, tanto el PSOE como Nueva Canarias han mostrado su rechazo. ¿Cuál es la postura de la Fecam?
“Se nos trasladó el borrador del decreto y lo derivamos a los ayuntamientos para que realizaran sus aportaciones. Desde la Fecam lo analizamos y nuestra postura es favorable al mismo. Es cierto que existen diferentes planteamientos, sobre todo, desde el punto de vista técnico. Por un lado, se agiliza la tramitación de informes, se corrigen algunos artículos relativos al decreto de vivienda, que se aprobó el año pasado, y se desarrolla el protocolo para la declaración de zonas tensionadas. Pero hay cuestiones que también han sido debate, como que un ayuntamiento pueda aceptar el trámite de una licencia con informes externos que constituyen entidades urbanísticas colaboradoras. El objetivo es que los ayuntamientos puedan contar con una herramienta para agilizar los trámites. Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Candelaria no aceptaremos informes externos, sino que seguiremos desarrollando el trabajo con nuestros técnicos municipales”.
-¿Y en caso que se demoren?
“Optaremos por medidas internas, contratando más personal, reestructurando el trabajo interno de los técnicos, comprobando la productividad con el número de expedientes tramitados… Son cuestiones que nos corresponden a nosotros como responsables públicos. Aunque, en el caso concreto del decreto de licencias urbanísticas, defendemos que los ayuntamientos puedan optar a ciertas herramientas si así lo desean”.
-Centrándonos ahora en su labor como alcaldesa, cabe destacar el crecimiento poblacional que ha experimentado Candelaria en los últimos años, con más de 28.000 personas censadas. ¿Existe algún proyecto que baraje la construcción de vivienda social?
“Existe un Plan General aprobado en 2007, en el que se establecían varios proyectos urbanísticos, sobre todo, en la costa de Candelaria. Actualmente, están en marcha más de 16 actuaciones. El plan también contempla un porcentaje que varía entre el 20 y 30 por ciento de las viviendas que tienen que ser de protección. Acogiéndonos a alguno de los artículos aprobados por el decreto en materia de vivienda, desde el Ayuntamiento barajamos adelantar la construcción de vivienda social. Aunque lo cierto es que existe una alta demanda de vivienda en el municipio en todos los ámbitos. Muchas personas optan por vivir en Candelaria”.
-¿Cuál es el precio medio de alquiler en el municipio?
“El precio del alquiler es variable. Por lo que hemos podido consultar con la ciudadanía y con ciertas inmobiliarias, el coste medio en la zona costera puede estar entre los 1.000 y los 1.300 euros. Y no hablamos de pisos de tres habitaciones, sino de dos e, incluso, una. Con estos precios tan elevados, hemos identificado un nuevo perfil de persona vulnerable, que cuenta con un empleo y unos ingresos que en otra época podrían ser suficientes, pero que con los precios actuales son inasumibles, incluso en familias donde existen varias fuentes de ingresos. No pueden vivir de manera digna porque, además de los precios de la vivienda de alquiler, también tienen que cubrir todas las necesidades básicas”.
-¿Se dan las circunstancias para declarar una zona tensionada?
“Ahora mismo estamos valorando el poder encargar un estudio para barajar cuáles son las zonas tensionadas del municipio”.
-El hotel Tenerife Tour, que cerró sus puertas en 2011, acarrea desde entonces un problema de salubridad e imagen para Candelaria. Aunque hace unos años se habló de la prolongación del paseo marítimo con cafeterías y supermercado. ¿En qué punto se encuentra el proyecto?
“Se trata de una iniciativa privada que busca una modificación en base a la nueva Ley del Suelo. Existe una propuesta con zona comercial, otra residencial y una compensación pública, tal y como recoge la ley. Esta última, en concreto, se dedicará a la prolongación del paseo marítimo existente, así como las antiguas piscinas del hotel Tenerife Tour que estaba en dominio público, ya que el complejo tuvo en su momento una concesión por parte de Costas que nunca se renovó. De ahí el aspecto con el que nos encontramos hoy. Por lo que agradezco a la iniciativa privada que haya tomado la decisión de rehabilitar la zona porque como Ayuntamiento no lo podíamos hacer. Actualmente, estamos intentando que se agilicen los trámites para que la propiedad presente la documentación necesaria para llevar al Pleno municipal la modificación para que se pueda avanzar en el desarrollo y la construcción de la iniciativa”.
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