Un total de doce concejales del Ayuntamiento de Güímar —uno más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta— han presentado esta mañana una moción de censura contra el actual alcalde, Gustavo Pérez (Coalición Canaria), quien gobierna mediante un pacto con el PSOE y Unidas Se Puede. La iniciativa, registrada propone a la exalcaldesa Carmen Luisa Castro Dorta (PP) como nueva regidora del municipio.
La moción ha sido suscrita por los nueve concejales del Partido Popular, el edil de Nueva Canarias, Carlos Pablo Llarena, y dos tránsfugas del Partido Socialista: José Miguel Hernández y Patricia Encinoso, quienes recientemente abandonaron el grupo de gobierno. El movimiento ya había sido anticipado el pasado mes de mayo por DIARIO DE AVISOS, que advirtió entonces que desde el Partido Popular y Nueva Canarias se estaban buscando los apoyos necesarios para impulsar una moción de censura.
Los firmantes justifican su decisión en la “evidente falta de acción y liderazgo” del actual alcalde, situación que, aseguran, ha derivado en consecuencias “graves” para los servicios públicos. Entre los argumentos expuestos destacan la crisis interna en la Policía Local, un “bloqueo institucional” por desavenencias dentro del grupo de gobierno, un incremento “injustificado” de la deuda municipal y la parálisis de proyectos clave en planificación territorial e infraestructuras.
Uno de los hechos más graves que recoge la moción es la condena judicial que obliga al Ayuntamiento a pagar más de medio millón de euros por la ejecución de las obras en Las Bajas, debido —según los ediles— a la inacción del alcalde. Apuntan también al primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Airam Puerta (PSOE), quien, afirman, reconoció en sede judicial que estaba al tanto de los sobrecostes, lo que a juicio de los proponentes demuestra una “grave negligencia”.
También se menciona la investigación en curso sobre un decreto municipal relacionado con un proyecto de saneamiento en Fátima.
En el plano administrativo, se denuncia la paralización de obras clave en el litoral —Golete, La Puente y Las Bajas— y una gestión deficiente en la creación de la Empresa Municipal de Servicios. Además, los concejales alertan del creciente malestar vecinal por la inseguridad ciudadana y por los problemas en la organización de las Fiestas Patronales, atribuidos al deterioro de la gestión policial.
La moción señala también presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos, incumplimientos por parte de empresas adjudicatarias y retrasos en los pagos a proveedores.
El pleno extraordinario se celebrará el próximo 11 de agosto.
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