La Policía Local de Granadilla de Abona ha reforzado la inspección para detectar servicios de transporte ilegal en el aeropuerto Tenerife Sur, como el alquiler de vehículos entre particulares sin licencia, uso irregular de caravanas y prácticas de intrusismo profesional que afectan al sector del taxi y al transporte legal.
En un comunicado remitido este martes el Ayuntamiento de Granadilla de Abona señala que se está actuando contra el transporte irregular en el aeropuerto Tenerife Sur mediante labores de control y vigilancia, además de reforzar la seguridad vial en uno de los principales puntos de entrada y salida de visitantes en Canarias.
El Ayuntamiento indica que continuará con estos operativos y colaborará, dentro de sus posibilidades, con las instituciones competentes para lograr un entorno aeroportuario “seguro, ordenado y respetuoso” con el sector profesional.
Al respecto la concejal de Seguridad, Candelaria Rodríguez, señala que el aeropuerto Tenerife Sur concentra diariamente entre 30.000 y 40.000 pasajeros, llegando hasta los 60.000 en temporada alta, y eso lo convierte en un punto estratégico donde confluyen transportes de toda la isla.
“Las prácticas irregulares generan confusión al turista, dan una mala imagen del destino y ofrecen un servicio precario que no se corresponde con un aeropuerto internacional de primer nivel”, añade.
Por su parte, el concejal de Movilidad, René Oval, subraya que esta labor es esencial para proteger al sector del taxi y para garantizar la competencia leal frente a quienes incumplen la ley.
“Desde el Ayuntamiento estamos actuando dentro de nuestras competencias para ordenar el transporte, mejorar la experiencia de quienes nos visitan y defender al sector del taxi y a los profesionales del sector que operan legalmente”, añade Oval.
Las infracciones en materia de transporte pueden conllevar sanciones superiores a 4.000 euros y las denuncias se trasladan al área de Transportes del Cabildo de Tenerife, que ostenta las competencias en esta materia.
Además, la Policía Local realiza de forma periódica controles de velocidad —limitada a 40 km/h en el entorno aeroportuario— y verifica que los vehículos VTC accedan únicamente si cuentan con reserva previa, en cumplimiento de la normativa vigente.




