medio ambiente

Canarias tiene aún 22 vertederos ilegales

En Tenerife se localizan ocho áreas con residuos vertidos de manera irregular, situadas en los municipios de San Miguel, Granadilla, Icod de los Vinos, Santiago del Teide y Santa Cruz
Canarias tiene aún 22 vertederos ilegales que prevé sellar en dos años
Canarias tiene aún 22 vertederos ilegales. DA

Canarias cuenta aún con 22 vertederos ilegales de los 47 que la Comisión Europea detectó hace diez años e incluyó en el expediente de infracción abierto a España, en el que se constataba la existencia de un total de 195 en todo el país. El objetivo del Gobierno de Canarias es que en dos años ya no quede ninguno de estos depósitos de basura y otros residuos, para lo que se viene destinando una inversión media de 3,5 millones de euros al año.

Son algunos de los datos que aportó ayer el consejero regional de Política Territorial, Manuel Miranda, en comisión parlamentaria, y también la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn), Montserrat Ortega, que destacó la importancia de concienciar a la ciudadanía para evitar que se siga dañando el territorio con estos vertidos incontrolados.

De las 22 áreas que quedan por sellar en el Archipiélago, ocho se encuentran en la isla de Tenerife. En concreto, en San Miguel (Las Chafiras y Los Abrigos); Granadilla (dos en prácticamente la misma ubicación), Santiago del Teide (La Colmena); Icod de los Vinos (Riquel) y Santa Cruz (Hoya Fría). Según explicó el consejero, este año se han puesto en marcha los trabajos en el vertedero tinerfeño de Los Abrigos y en el de Degollada de las Yeguas, en Gran Canaria.

En las próximas semanas se iniciarán las acciones para sellar el ubicado en Las Chafiras y Matas Blancas, en Fuerteventura. Además, detalló que ya se cuenta con otros proyectos redactados y pendientes de ejecución para el próximo año. Los que están más avanzados son: Los Majanos 3, en Valverde (El Hierro); El Riquel, en Icod de los Vinos (Tenerife), y Montaña Calasio, en Telde (Gran Canaria).

La intención es que a finales de este año queden un total de 16 vertederos por sellar y que de aquí a 2027 se consiga dar por sellados y restaurados todos los que restan. Según los datos de la Agencia de Protección del Medio, los 47 vertederos ilegales que había en las islas cuando Europa abrió el expediente de infracción ocupaban una superficie de 216.000 m2, lo que equivale a 288 campos de fútbol.

“Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con que la UE nos había demandado por la falta de planificación hidrológica y por los vertederos. Hoy podemos decir que hemos solucionado el primer reto y que estamos cumpliendo con la hoja de ruta para sellar los vertederos y evitar sanciones al respecto”, señaló Miranda.

Por su parte, Montserrat Ortega explicó que los trabajos de sellado de vertederos incluyen el restablecimiento del terreno, utilizando el mismo tipo de tierra y vegetación del entorno para hacer desaparecer del paisaje cualquier vestigio de lo que hubo. De esta manera es más probable que se respete y se proteja. De hecho, hay ayuntamientos que han recuperado esas zonas para el uso ciudadano instalando áreas verdes y de ocio.

Además, la directora de la Agencia de Protección del Medio destacó que, aparte de la actividad sancionadora, se lleva a cabo una labor divulgativa y de concienciación para evitar comportamientos incívicos, con lo que se ha conseguido que se comuniquen rápidamente al órgano competente y que se pueda actuar para evitar males mayores.

Montserrat Ortega agradeció al personal de la Agencia la labor ingente y el empuje para conseguir este objetivo de tener completamente sellados y restablecidos los vertederos ilegales que aún quedan en las Islas.

60.000 expedientes en 26 años

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha incoado desde su creación, hace 26 años, un total de 60.000 expedientes sancionadores. “Los vinculados a los residuos son más que los que tienen que ver con infracciones urbanísticas”, señaló su directora, Montserrat Ortega, que añadió que son muchas las empresas que se acogen al reconocimiento de la responsabilidad, abonan las sanciones, con lo que se benefician de bonificaciones por pronto pago y, lo que es más importante, corrigen las deficiencias, lo que va en beneficio de toda la sociedad.

“Creo que en este sentido hacemos una buena labor porque así avanzamos en la concienciación de las empresas y de la ciudadanía en general”.

Ortega echa en falta un mayor asesoramiento a quienes deciden abrir una empresa porque, según aseguró, en muchos casos los incumplimiento se deben al desconocimiento. Por tanto, insistió en la necesidad de conseguir una mejor conciencia colectiva.