Los trabajos de vigilancia y control realizados por la consejería de Transición Ecológica y Energía en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) marinas de Canarias han sacado a la luz un problema creciente: las actividades ilegales vinculadas a la observación de cetáceos.
Tenerife capitaliza el número total de denuncias, con casi 200 actuaciones de control por prácticas irregulares, según datos presentados por el Ejecutivo regional.
La presentación de los resultados tuvo lugar ayer en el Club Náutico de Puerto Colón, donde se expusieron las más de 6.600 actuaciones de control realizadas desde 2018, fruto del trabajo conjunto entre guardapescas, cuerpos de seguridad y equipos técnicos especializados. Estas acciones se han apoyado en dos embarcaciones de vigilancia, una en la isla de Tenerife (Mar Canario) y otra en Gran Canaria (Isla de La Graciosa).
Tenerife concentra la mayor presión turística y recreativa en el área de protección marina de Teno-Rasca, santuario donde habita una de las poblaciones residentes de cetáceos más importantes no solo del Archipiélago, sino del mundo.
“La cercanía de la parte comercial con la zona de especial protección (apenas una milla naútica) y la brutal concentración de actividades, que no se limitan a la observación de cetáceos, sino que incluye también navegación, pesca y ocio, explica estos datos”, señaló Leopoldo Moro Abad, técnico superior del Servicio de Biodiversidad del Gobierno canario.
El problema no se limita a las empresas de avistamiento. Hace pocas semanas, la Guardia Civil denunció a siete turistas que se lanzaron al mar para nadar cerca de cetáceos, una práctica prohibida. “A veces detectamos anuncios como vamos a ir a nadar con tortugas.
Este tipo de infracciones las ponemos en conocimiento del Ministerio y de la Guardia Civil, que actúa sobre esas conductas”, añadió Moro.
Desde su puesta en marcha, el servicio de vigilancia ha remitido más de 1.700 propuestas de sanción a distintas administraciones. Las infracciones más frecuentes son la pesca ilegal, el marisqueo en zonas prohibidas, fondeos sobre sebadales, realizar actividades subacuáticas sin tener licencia y la observación irregular de cetáceos.
COMPETENCIAS SANCIONADORAS
Pese a la magnitud de estas cifras, la Consejería de Transición Ecológica y Energía no cuenta con competencias sancionadoras directas.
Su función, en estos casos expuestos, se ciñe a elaborar propuestas de sanción con informes e imágenes que luego se trasladan a las administraciones competentes: el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de cetáceos, la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias cuando se trata de aguas interiores, el propio Ministerio en aguas exteriores o las capitanías marítimas en cuestiones de navegación.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, recalcó este matiz y defendió el papel que tiene su departamento: “Desde la Consejería no hemos querido mirar hacia otro lado y hemos asumido este compromiso. Actuamos cada día para que nuestro entorno marino continúe siendo un espacio rico en biodiversidad y de disfrute responsable para la ciudadanía.”
Zapata insistió en que esta labor se ha asumido con recursos propios y fondos europeos, subrayando que “nunca antes se había hecho un trabajo así en las ZEC marinas de Canarias”.
El Ejecutivo autonómico ha anunciado que seguirá reforzando este servicio con el objetivo de consolidar la Red Natura 2000 en Canarias como un ejemplo de gestión compartida. El reto pasa por implantar un sistema de vigilancia marítima verdaderamente integrada, que combine los medios humanos y las nuevas tecnologías, como cámaras en tierra con inteligencia artificial, entre otros.
“La clave está en que nuestra presencia en el mar disuade, sensibiliza y protege. Lo que hacemos hay que ponerlo en valor”, concluyó Asunción Delgado, jefa del servicio de Biodiversidad de Canarias.
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