La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, ha aprobado este lunes retirar el recurso de casación que se había interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial municipal.
La decisión tiene como objetivo eliminar impedimentos y permitir el inicio de la redacción y aprobación de una nueva ordenanza, además de facilitar la retirada de los elementos del carril bici en las vías Villalba Hervás, El Pilar y Méndez Núñez.
Bermúdez afirmó que el Ayuntamiento opta por iniciar el procedimiento de una nueva norma, recordando que mientras tanto continuará en vigor la ordenanza de 1985, vigente durante años hasta la aprobación de la anulada.
El alcalde indicó que el Consistorio no seguirá a la espera de nuevas resoluciones judiciales respecto al carril bici y que ya se ha decidido proceder a su retirada en las citadas calles.
El alcalde detalló que se estudian alternativas de uso para estos espacios, como la creación de zonas de carga y descarga, estacionamientos para motos y patinetes, y nuevas plazas para personas con movilidad reducida (PMR).
Explicó que esta intervención se realizará tras la campaña de Navidad, siguiendo el acuerdo alcanzado con los comerciantes, y con la previsión de que los espacios queden definidos entre la campaña comercial y Carnaval.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, explicó que la Junta de Gobierno aprobó el impulso a la redacción de la nueva Ordenanza de Movilidad, con la intención de contar con un texto inicial el próximo mes.
Posteriormente, el documento deberá someterse a consulta pública previa durante un mes, antes de elaborar el proyecto con su memoria de análisis de impacto normativo, apartado que el TSJC consideró insuficiente en la ordenanza anulada.
Tras esta fase, el proyecto normativo será elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial. A partir de ese momento, se abrirá un periodo de información pública de un mes, tras el cual se incorporarán las alegaciones que procedan antes de la aprobación final del texto.
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