Tras la riada que asoló Santa Cruz en 2008, muchas familias quedaron sin vivienda a consecuencia de un temporal que arrasó sus inmuebles, sobre todo en determinados barrios de Anaga. Con el objetivo de ayudar a los afectados, el alcalde, José Manuel Bermúdez, firmó el 7 de enero de 2021 un decreto por el que se concedía un nuevo plazo de ayudas, por un año, para hacer frente a un alquiler mientras los afectados aportaban un proyecto de rehabilitación, demolición o reconstrucción de los inmuebles derruidos para su posterior ejecución. Dieciocho años después, los coletazos de la borrasca han llegado incluso ante la Justicia, que ha dado la razón al Ayuntamiento capitalino para no abonar más ayudas en aquellos casos donde los damnificados no han cumplido con la parte del acuerdo.
Este ha sido el caso de una familia de María Jiménez, la cual tras caer una gran roca en su casa por el temporal, fue obligada a desalojar el inmueble, al igual que los vecinos colindantes. Después de años sin retornar al hogar, ahora una mujer de 82 años con movilidad reducida será expulsada del piso arrendado al no poder hacer frente al pago por dejar de recibir la ayuda del Consistorio, que no ha rehabilitado la casa, denunció ayer Drago Santa Cruz.
El portavoz de la formación, Aitor Montelongo, indicó que “estas familias llevaban años avisando al Ayuntamiento de que la roca de podía desprenderse de la ladera e incluso se colocó un vallado que no llegó a cubrir sus casas. Tras el desalojo, el gobierno local se comprometió a pagar el alquiler y ayudar con la rehabilitación de las viviendas, pero 18 años después nadie se ha preocupado por la situación”.
Por su parte, el concejal de Patrimonio, Javier Rivero, explicó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia al respecto, señalando que tras analizar el expediente, no aparecía documentación relativa a ningún procedimiento de la obligación del Ayuntamiento a rehabilitar las viviendas destruidas por una avalancha de piedras, sino de sustituir una prestación alternativa. Además, en el decreto de 16 de enero de 2009 tampoco se obliga a dicha rehabilitación, sino que se limita, por la vía de urgencia, a ayudar a los desalojados”.
El edil apuntó que “el 16 de enero de 2024 nos reunimos con la arrendataria, pues los inquilinos, que es la familia afectada, no pagaba la renta desde octubre de 2023, pero se trataba de un contrato suscrito entre privados, no con el Ayuntamiento. Aparte nos vimos con dicha familia, que se negó a presentar proyecto de rehabilitación de su vivienda, alegando que habían puesto el caso en manos del juzgado. Abandonaron la reunión, pese a todas las sentencias que han dado la razón al Ayuntamiento. Por ello, no hay dejación ni abandono a esta familia por parte municipal, a la cual se han puesto las recursos necesarios a pesar de la inacción por su parte, lo que hace totalmente inviable seguir abonando ese alquiler”.
No obstante, el Consistorio apuntó que si la afectada se encuentra en situación de vulnerabilidad podrá acudir a los servicios sociales municipales y solicitar ayuda habitacional.
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