El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz adeuda a la empresa Atende, actual adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un total de 7,2 millones de euros por las facturas pendientes desde el pasado diciembre, derivadas del cambio en el modelo de gestión. No obstante, la concejala de Atención Social, Charín González, cifró ayer dicha cantidad en 1,3 millones, correspondiente a los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025.
La edil señaló, en una comparecencia solicitada por el PSOE durante la comisión de control municipal, que la revisión de oficio del acuerdo de continuidad del servicio se encuentra desde el pasado 4 de noviembre en Intervención y, una vez llegue el informe, se elevará al Consejo Rector y, posteriormente, se procederá a este abono. No obstante, afirmó, que el retraso en el pago “no afecta a los 1.300 usuarios ni a las más de 200 auxiliares del servicio, que están cobrando el sueldo con el aumento retributivo incluido en el convenio colectivo”.
Por su parte, la socialista, Patricia Hernández advirtió de que “el expediente de revisión, que usted incoó, caduca este sábado, pero tiene hasta el lunes para convocar al Consejo Rector, tomar la decisión y comunicarlo al contratista, pues de lo contrario se dará por prescrito”. En cuanto a las facturas, afirmó que “la deuda se retrotrae hasta el pasado octubre, a lo que hay que sumar que hace quince días devolvió la de febrero. Todo esta situación ha provocado que hayan 14 recursos contencioso-administrativos interpuestos por Atende por impago, pues debe facturas por valor de 660.000 por cada una adeudada durante diez meses, mínimo, lo que está ocasionando perjuicios en la sustitución de bajas y vacaciones del personal del SAD, situaciones que repercuten en la ciudadanía”.
Al respecto, Charín González tildó a la exalcadesa socialista de “ejercer de oráculo” e insistió en que “mi labor se centra en velar por la ciudadanía y las trabajadoras, por lo que esperaré al informe de Intervención para decidir cómo actuar”.
La comisión, con un marcado protagonismo social, también abordó a petición del PSOE la gestión de citas a personas en situación de vulnerabilidad que se lleva a cabo en las Unidades de Trabajo Social (UTS), donde a juicio de la portavoz, Alana Chinea, “hay retrasos de hasta un año para atender telefónicamente a personas necesitadas, lo que está generando reclamaciones y una sensación de abandono a los ciudadanos”.
La edil, Charín González, reconoció que “hay UTS, como las de Añaza u Ofra, con demoras en citas entorno a los tres meses, pero se trabaja en solventar el problema con la nueva RPT, que dotará de más personal a este recurso”. Añadió que en lo que va de año “se han atendido a 14.190 personas frente a las 11.829 del pasado año y, además se cuenta con una trabajadora social de guardia cada semana para resolver los casos urgentes”.
El Consistorio envía a Fiscalía 25 informes de sintecho para prestar ayuda
El IMAS ha enviado a Fiscalía 25 nuevos informes de personas en situación de calle con problemas de salud mental, pues se necesita la autorización judicial para que los servicios sociales puedan intervenir sin el consentimiento previo de los afectados. Así lo anunció ayer la concejala del área, Charín González, en una comparecencia solicitada por Vox durante la comisión de control, en la que recordó que según los datos del servicio integral de Atención a Personas Sin Hogar, “entre enero y agosto se ha atendido a 732 personas, de las que el 55% ha venido a Santa Cruz desde otros municipios en busca de recursos”.
Un efecto llamada que se ha acrecentado con más de un 33% de sintecho con problemas mentales, donde el Ayuntamiento no tiene competencias. “Estamos manteniendo reuniones con otras administraciones, como el Servicio Canario de la Salud, para que aporten ayuda”, indicó la edil.
El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, insistió en ejercer más control en las subvenciones a entidades del tercer sector, “pues muchos problemas mentales no son solo médicos sino económicos o de vivienda”.
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